La mayor parte de Sri Lanka se encuentra esta noche a oscuras después de que los sindicatos del país decretaran una huelga general, secundada por la unión de trabajadores de la compañía eléctrica nacional. Con la inflación disparada por encima del 33%, el comercio exterior ha colapsado, causando una escasez generalizada de divisas, carburantes y medicamentos.
El país está paralizado. El pasado 25 de mayo, los aeropuertos ceilaneses agotaron sus últimas reservas de combustible, obligando a las autoridades a solicitar a las aerolíneas repostar en la India para poder mantener sus vuelos al país.
El Clan de los Rajapaksa, otrora catapultado en los índices de popularidad por sus proyectos desarrollistas y su victoria ante los rebeldes tamiles, vive sus horas bajas, con Sri Lanka haciendo frente a la peor crisis en sus 75 años de independencia. La deuda externa casi se ha triplicado en apenas tres años, pasando del 43% del PIB (2019) a superar el 103% en la actualidad.
De poco ha servido el nombramiento de un nuevo Primer Ministro (Ranil Wickremesinghe), el pasado 12 de mayo. Las manifestaciones que sacuden el país desde hace tres meses no han cesado. Pese a la declaración del estado de emergencia (2 de abril), el bloqueo de las redes sociales y el despliegue del ejército, los manifestantes han asegurado que no pararán hasta lograr la renuncia del presidente, Gotabaya Rajapaksa, y la detención de sus parientes.
Sin embargo, y aunque los 27 ministros del gobierno dimitieron el 3 de abril, el control que los Rajapaksa ejercen sobre el partido en el poder (el Frente Popular de Sri Lanka, o FPSL), dificulta tales aspiraciones. Con el paso del tiempo, el clan familiar ha ido copando puestos clave en un ejercicio de nepotismo descarado; contando con el respaldo de las fuerzas armadas, y ejerciendo un control casi total en los medios de comunicación.
El actual presidente, elegido en 2019, con el 52,2% de los votos, es hermano del anterior, Mahinda Rajapaksa (2005-2015), que además ha servido como Primer Ministro durante la mayor parte de la presidencia de Gotabaya. Por su parte, el mayor del clan, Chamal, sirvió como Ministro de Agricultura y Consumo, al tiempo que el menor, Basil, ocupaba la cartera de Finanzas. Namal, hijo de Mahinda, desempeñó las funciones de Ministro de Deportes y Juventud durante tres años; y ha amasado una jugosa fortuna derivada de sus inversiones en comunicaciones, producción televisiva y construcción. El círculo lo completan numerosos primos y parientes políticos, convenientemente ubicados en puestos de responsabilidad dentro del aparato de seguridad estatal, las principales corporaciones e, incluso, en algunos de los partidos de la oposición.
La corrupción sistémica del gobierno ha tenido efectos tan devastadores como la sinrazón de algunas de sus medidas. En 2021, el Ministerio de Agricultura logró impulsar la ilegalización de los pesticidas químicos en una apuesta por un “modelo nacional de agricultura orgánica”.
¿La consecuencia directa de la medida? La producción agrícola se hundió un 22% y Sri Lanka, hasta entonces autosuficiente en recursos alimenticios, cerró el año teniendo que importar arroz del extranjero por valor de 450millones de dólares.
No obstante, si en este mapa de coordenadas del desastre hay un lugar que destaque con nombre propio ese, sin duda, es Hambantota.
Desde hace años, la congestión de las infraestructuras de Colombo viene siendo un quebradero de cabeza constante para las autoridades del país. Por ello, además de trasladar parte de los ministerios y funciones de la capital a Kotte, pronto se hizo evidente que era necesario construir un nuevo puerto. Y es que el de Colombo está incrustado en el casco histórico de la ciudad, teniendo una superficie reducida para las operaciones con contenedores. Por su parte, el aeropuerto internacional, encajonado entre una base militar, el mar y una laguna, tampoco puede ser ampliado.
Sin embargo, a más de 200km al sureste de la capital, ¿no queda Hambantota un poco lejos? Obviamente, el que la ciudad esté ubicada en la provincia natal de los Rajapaksa no es algo casual, y las autoridades nacionales han tenido que ponerse prestas a vender la empresa para disimularlo.
A mitad de camino entre los resorts playeros de Bentota y Kirinda, Hambantota está también cerca de Galle, una de las principales ciudades del país, que es además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Rodeada de una llanura virgen, se podía construir un aeropuerto internacional nuevo anexo al puerto, comunicándolo todo con la capital mediante una nueva autopista. Ello permitiría no sólo aliviar la presión sobre Colombo, sino también revitalizar la economía de la costa meridional, brutalmente golpeada por el tsunami de 2004 (que en Sri Lanka se cobró más de 30.000 vidas).
Para la fase inicial del proyecto, el EXIM Bank of China (Banco de Comercio Exterior de China) prestó al gobierno de Sri Lanka más de 300millones de dólares, a devolver en quince años, con una tasa de interés anual del 6,3%.
Si aquello no era ya un indicador claro de desastre, la segunda fase constó de un préstamo adicional cercano a los 800millones, invirtiéndose setenta más en la construcción de una nave de almacenamiento y otros veinticinco en la torre de control. Tras una década de obras y 1.200millones de gasto total, el nuevo puerto abrió sus puertas en 2010, inaugurado con fanfarria en una fiesta que, posteriormente, se descubrió que había costado otros veinte millones más.
Desde entonces, las cosas han ido de mal en peor. Durante el primer lustro, el puerto tan sólo registró pérdidas y, cuando en 2016, finalmente, cerró un curso con balance positivo por primera vez, los beneficios obtenidos ni siquiera alcanzaban los dos millones. A ese ritmo, Sri Lanka iba a necesitar más de un mileno para devolver los préstamos (y eso sin contar los intereses), ante lo cual Pekín ofreció una solución.
En 2018 las autoridades de Colombo declararon haber llegado a un trato el año anterior con la República Popular de China, por medio del cual, el puerto de Hambantota pasaba a ser privatizado y subastado al mejor postor. Éste resultó ser la China Merchants Port, una compañía estatal que firmó un contrato para arrendar el puerto durante nada menos que 99 años, prometiendo hacerlo funcionar. El acuerdo, claramente reminiscente del de arrendamiento de los Nuevos Territorios de Hong Kong (suscrito entre Gran Bretaña y China en 1898), levantó ampollas entre una sociedad castigada ya por la inflación, y que veía cómo los Rajapaksa ponían el país a los pies de una potencia extranjera.
Las cosas no han ido mejor con el aeropuerto, al que ninguna aerolínea quiso abrir ruta durante los tres primeros años, y que en la actualidad no cuenta con vuelos regulares al extranjero. Su construcción costó otros 210millones de dólares, el 91% del dinero viniendo del mismo banco chino.
Las alarmas saltaron, máxime al producirse el anuncio poco después de que Pekín abriera su primera base militar en el extranjero, en Yibuti. ¿Podría Sri Lanka ser la siguiente en la lista?
A pesar de que Pekín ha insistido en que el uso que le dará al puerto será estrictamente “pacífico”, los precedentes invitan al escepticismo. Durante la visita de estado del premier japonés, Shinzo Abe, a Sri Lanka, en 2014, dos submarinos nucleares de la armada china atracaron en los puertos de Hambantota y Colombo. Para numerosos analistas, el proyecto de Hambantota es una arista más en la estrategia de Pekín por blindar su presencia en el Índico, algo que pareció tornarse más necesario en un momento en el que la democratización y apertura de Myanmar se hacían cada día más sólidas (2015-2018).
Quien quiera acercarse desde Colombo a ver las infraestructuras fantasma de la costa sur, puede hacerlo conduciendo a través de la Southern Expressway (E-01), abierta en 2011, y de 222km de longitud. La única autopista moderna del país, destinada a comunicar la capital con el nuevo puerto, fue construida con dinero y medios puestos por el Banco Asiático de Desarrollo y por el Banco de Cooperación Internacional de Japón. Sus peajes recaudaron apenas 21.000 dólares en su primer año de operación, sumándose a la sangría económica. El hospital general de la ciudad, construido en 2012, culmina la lista de calamidades. Una investigación realizada por el principal canal de televisión australiano (ABC), concluyó que una empresa de dicho país, la Aspen Medical, se valió del proyecto para lavar capitales con ayuda de Nimal Perera, un inversor socio de los Rajapaksa.
El sentimiento de indefensión de un amplio sector de la sociedad ante la élite del país ha terminado por cristalizar en brotes violentos. Los alcaldes de Jaffna y Polonnaruwa fueron atacados en sus despachos. Aunque peor suerte corrió el parlamentario Amarakeerthi Athukorala, asesinado junto a su guardaespaldas en Nittambula el 9 de mayo.
Ese mismo día, decenas de miles de personas ocupaban la icónica Galle Face Green de la capital, exigiendo auditar a todos y cada uno de los políticos y empresarios del país.
El 11 de mayo las tropas desplegadas en las calles fueron reforzadas con vehículos blindados, recibiendo la orden de disparar contra los manifestantes exaltados. La medida sirvió de poco. Las protestas se trasladaron a los domicilios de los principales políticos y hombres de negocios, algunos de los cuales fueron asaltados e incendiados. Ante el deterioro general de la situación, Mahinda Rajapaksa dimitió como premier el día 12, huyendo inmediatamente a Dubái. Esa noche su casa corrió la misma suerte.
Hasta el momento 10 han sido las personas que han muerto por los disparos de las fuerzas de seguridad, entre las cuales se han registrado, al menos, 3 muertos y 25 heridos. Por su parte, el presidente ha tratado de sortear el temporal anunciando la detención de 20 altos cargos de su partido y el cese de otra treintena. Su hermano Basil, quien tras dimitir como Ministro de Finanzas mantenía aún su escaño en el parlamento, presentó su renuncia ayer. Conocido como “Mr.10%”, en alusión a las comisiones que percibía por cada contrato gubernamental, en declaraciones a Al Jazeera afirmó “no tener motivos para arrepentirse de ninguna de sus decisiones».
