El 1 de febrero de 2021, las tropas del Ejército de Myanmar (también conocido como Tatmadaw) tomaron por la fuerza el poder. El objetivo de los militares, que lideraban el país desde 1962, era poner fin a una democracia incipiente.
Situado en el sudeste asiático, compartiendo fronteras con China, Bangladesh, Tailandia, Laos y la India, Myanmar es un país caracterizado por su enorme diversidad étnica y lingüística. Hasta 135 grupos étnicos diferentes son reconocidos oficialmente, excluyendo a muchas otras minorías. Este hecho ha sido fuente de conflictos incluso desde antes de que Reino Unido le otorgara la independencia al país en 1948. Desde entonces, U Nu, líder independentista, gobernó hasta que en 1958 renunció y fue reemplazado por un gobierno militar provisional. U Nu ganó las elecciones generales celebradas en 1960, pero su apoyo a movimientos separatistas condujo al Ejército a tomar el poder con un golpe militar en 1962.
Pese al surgimiento de levantamientos antigubernamentales durante 1987, las fuerzas armadas continuaron en el poder hasta 2011, cuando comenzó un proceso de liberalización que culminó con la celebración de elecciones libres en 2015. Los resultados le dieron la victoria a Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y dirigente de la Liga Nacional para la Democracia. El 1 de febrero de 2021, este partido estaba a punto de comenzar su segundo mandato, después de volver a ganar las elecciones en noviembre de 2020. Bajo las órdenes del líder militar Min Aung Hlaing, los miembros de la Liga Nacional fueron arrestados en cuestión de unas pocas horas. Entre los detenidos se encontraba Aung San Suu Kyi, líder de facto del Gobierno civil.
El Ejército Birmano no fue capaz de prever la contundente respuesta que se dio por parte de los ciudadanos: cientos de miles de personas en todo el país tomaron las calles con manifestaciones pacíficas en contra del régimen militar. Estas protestas, no obstante, fueron reprimidas con extrema violencia por el Tatmadaw. Un año después del golpe, esta guerra civil de facto continúa desarrollándose en Myanmar. Las protestas pacíficas han evolucionado hacia una resistencia armada contra el Ejército, que se resiste a renunciar al control del país, ya sumido en un profundo caos.
El bando de la resistencia está formado por las Fuerzas de Defensa Populares, guerrillas populares formadas durante los meses posteriores al golpe, y por el Gobierno de Unidad Nacional, un cuerpo que actúa como gobierno en la sombra y se proclama como el legítimo representante de Myanmar. Este gobierno clandestino fue constituido por parlamentarios de la Liga Nacional, representantes étnicos y miembros de la sociedad civil. Una tercera fuerza que se ha aliado a la resistencia son las milicias de minorías étnicas armadas que ya existían previamente, enfrentadas desde hace décadas al gobierno central, dominado por la mayoría étnica bamar. Aung Kyaw, representante de la ONG Alliance For Democratic Myanmar, indica que “se puede estimar que las Fuerzas Populares cuentan con aproximadamente 40.000 unidades. Si se suman las milicias de grupos étnicos, “la resistencia contaría con entre 60.000 y 80.000 unidades”.
Las milicias populares carecen de armamento, estrategia y coordinación; por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional, además de verse obligado a operar clandestinamente, todavía no ha sido reconocido por ningún otro país en el mundo. Aun así, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) ha manifestado su interés en reunirse con miembros de este gobierno civil y ha solicitado permiso para ello al gobierno militar. Esta petición por el momento ha sido denegada, ya que el Tatmadaw califica al Gobierno de Unidad Nacional como terroristas.
Por otro lado, las tropas birmanas están formadas por unos 300.000-350.000 soldados, siendo uno de los ejércitos mejor provistos de Asia; sin embargo, con casi todo el país en un estado de crisis, el Ejército no puede unir sus fuerzas. Al no haber contado con que el conflicto se prolongase de tal manera, el Tatmadaw se está encontrando con numerosas dificultades, entre ellas el agotamiento de recursos o las deserciones. Muchos desertores afirman que “los soldados se encuentran realmente cansados y desmoralizados”. Algunos de ellos simpatizan con la resistencia y permanecen en el Ejército para así servir como informantes.
Desde que tuvo lugar el golpe de estado el año pasado, más de 1.400 civiles han sido asesinados. Más de 11.000 han sido arrestados, de los cuales más de 8.700 continúan detenidos, entre ellos Aung San Suu Kyi. Desde su detención el 1 de febrero de 2021, la antigua líder de facto de Myanmar ya ha sido sentenciada a varios años de prisión por vulneración de las normas contra la pandemia, delitos de corrupción, violación de la ley de secretos oficiales o instigación contra el ejército. Además, aún se enfrenta a otra decena de acusaciones que sumarían en total unos 150 años de cárcel.
La brutalidad con la que se ha intentado combatir a los grupos revolucionarios, sin discriminar a la población civil, incluyendo ataques aéreos, bombardeos, incendios provocados, detenciones masivas y asesinatos, ha provocado el desplazamiento interno de más de 400.000 personas en todo el país, además de la movilización de unas 19.000 personas que han huído a países vecinos.
El golpe de estado, sumado a la pandemia global, ha supuesto un golpe devastador para la economía del país, que se aproxima al colapso. Según datos del Banco Mundial, el crecimiento económico de Myanmar es un 30% menor de lo que hubiera sido en ausencia del conflicto interno y la ola de casos de COVID-19. A lo largo de este último año, millones de personas han perdido su trabajo y el precio de productos de consumo básico se ha incrementado. Mientras, la moneda nacional, el kyat birmano, se ha hundido. Todo esto ha disparado el precio de las importaciones, repercutiendo considerablemente en los costes de la gasolina y la energía.
A unas semanas del primer aniversario del golpe de estado, Total y Chevron anunciaron el cese completo de sus actividades en Myanmar. Eran unas de las pocas compañías occidentales que quedaban en el país, siendo la primera francesa y la segunda estadounidense. Es difícil confirmar que la decisión haya sido tomada como protesta por la violencia y los abusos de los derechos humanos, o más bien debido a la inviabilidad de la situación. En cualquier caso, esto supone la pérdida de una importante fuente de ingresos para la junta militar, que explotaba los yacimientos de gas natural de la región en colaboración con ambas compañías. La decisión, por tanto, fue celebrada por los activistas, pues representa una pérdida seria para el Tatmadaw e incide en su debilitamiento.
Los servicios públicos tampoco funcionan: médicos, profesores y otros profesionales han sido arrestados o se han unido a las Fuerzas de Defensa Populares para combatir contra el gobierno militar. Muchos también se niegan a trabajar para el régimen golpista y forman parte del Movimiento de Desobediencia Civil. Este movimiento fue encabezado por trabajadores médicos y pronto se extendió a todos los sectores de la economía. Su actividad principal es organizar paros y protestas por todo el país en contra de los militares. Las escuelas y universidades también permanecen cerradas, con casi 20.000 profesores suspendidos por participar en protestas contra el gobierno.
Para marcar el aniversario del golpe de estado, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido acordaron imponer sanciones sobre los máximos responsables del poder judicial en Myanmar: Thida Oo, Tun Tun Oo y Tin Oo. A los tres se les considera responsables de desacreditar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, así como de elaborar acusaciones con “motivos políticos” contra Aung San Suu Kyi. En un comunicado aparte, el Presidente Joe Biden declaró: “Mientras el régimen continúe negándole a la gente de Bianmar su voz democrática, seguiremos imponiendo sanciones adicionales sobre el ejército y sus simpatizantes”.
El aislamiento diplomático del país se acentuó el año pasado, cuando la ASEAN excluyó al líder golpista Min Aung Hlaing de participar en encuentros clave de la asociación. Se trata de una decisión sin precedentes en la organización que, por lo general, procura no intervenir en los asuntos internos de los países miembros. La presidencia de la ASEAN durante 2022 recae sobre el Primer Ministro de Camboya, Hun Sen, el cual ya se ha reunido con el general Min Aung Hlaing, sin ningún resultado, y muestra preferencia por negociar directamente con el gobierno militar. Pese a esto, los demás miembros se inclinan hacia la posibilidad de que la ASEAN actúe como un puente de diálogo entre el Gobierno por la Unidad Nacional y el Tatmadaw.
En conclusión, mientras las fuerzas militares intensifican la brutalidad de sus estrategias, los birmanos aplacan sus intentos con uno de los mayores y más unificados movimientos de resistencia de la historia del país. En esta situación, el estado es disfuncional, el caos va en aumento a lo largo de todo el país y el Ejército no puede gobernarlo. “En un golpe fallido”, declara Yanghee Lee, cofundadora del grupo independiente Special Advisory Group on Myanmar. “El golpe no tuvo éxito el año pasado. Es por esto que están tomando medidas incluso más drásticas para ponerle fin”. Aún así, con la crisis afgana, la situación en Ucrania y otros conflictos, Myanmar se va alejando del centro de la escena internacional.
