El 21 de noviembre de 2022 se instaló en Caracas la mesa de negociación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano. Seis años después de la firma de la paz entre el estado y las Farc, la última guerrilla activa en Colombia y en toda América se sienta por enésima vez a dialogar con el estado. El diálogo que apenas comienza marca una etapa importantísima del proyecto de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro, que prevé también el sometimiento a la justicia de otros grupos ilegales de naturaleza no política, con el ambicioso objetivo de eliminar la violencia armada que ha marcado desde siempre la historia de Colombia.
La negociación que se abre en la capital venezolana se retoma exactamente desde donde se dejó hace unos años. El primer presidente en lograr sentar a la mesa de diálogo a los elenos (integrantes del ELN) fue Cesar Gaviria a comienzos de los noventa, a través de la “Coordinadora guerrillera Simón Bolívar” que agrupaba varios grupos alzados en armas de la época para llegar a un acuerdo conjunto con el Estado. A este fracaso siguió el intento de finales de los noventas, y luego unas conversaciones que se abrieron durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que no llegaron a buen puerto.
Visto el éxito del proceso con las Farc, Juan Manuel Santos decidió también abrir un diálogo con el ELN que el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) —que logró en 2016 la firma de la paz con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— dio comienzo a un diálogo con el ELN que estuvo desarrollándose desde 2016 hasta 2019, cuando fue abandonado por el gobierno del derechista Iván Duque a raíz del atentado realizado por esta guerrilla en la escuela de cadetes del ejército en Bogotá en enero de ese año. Bajo el gobierno de Duque nunca se retomaron las conversaciones. Al contrario, se endurecieron las relaciones y se emitieron órdenes de búsqueda y captura para los negociadores de la guerrilla. La llegada al gobierno de Gustavo Petro marcó un cambio de rumbo y su promesa de campaña de retomar las negociaciones con el ELN ya es una realidad. El Ejército de Liberación Nacional ha sido la guerrilla colombiana con la que más intentos de conversaciones de paz ha habido a lo largo de los años. El problema es que todos fracasaron, lo que complica el anhelo de paz del país.
El contexto histórico en el que se adelantan las negociaciones inauguradas en la capital venezolana es totalmente distinto e inédito en Colombia: es la primera vez que una guerrilla se sienta a negociar con un gobierno de izquierda. Eso genera más confianza entre las partes porque el marco conceptual del nuevo gobierno es distinto, incluyendo una visión del mundo y del país mucho más amplia que la de los gobiernos anteriores. Las razones son varias: porque el presidente Petro también fue un guerrillero, porque la visión de cambio y desarrollo del gobierno nunca había tenido coincidencias con algunas demandas de grupos armados ilegales. Efectivamente, a pocas horas de la victoria de Petro en las elecciones presidenciales el pasado mes de junio, el ELN comunicó su intención de retomar el diálogo de paz. Por ende, es una buena noticia el hecho que el ingrediente básico y primordial de cada negociación de paz está presente, es decir la buena fe y confianza entre las partes. Sin embargo, eso no nos da seguridad de que el proceso llegue a buen puerto. De hecho, ya finalizada la primera ronda de conversaciones ambas partes empezaron a cometer errores. El ELN decretó un paro armado en algunos territorios, y hace pocos días el gobierno resolvió poner un cese bilateral al fuego que el ELN desconocía por no haberse previamente pactado en la mesa de Caracas.
La peculiaridad de la guerrilla del ELN hace que este proceso que arranca en Caracas vaya a ser totalmente distinto al que se desarrolló en La Habana hace unos años con las extintas Farc y con el cual es normal hacer comparaciones siendo el ejemplo históricamente más reciente de este tipo. Pero sabemos que mucho, o casi todo, va a ser distinto de la experiencia cubana. Analicemos entonces unos puntos importantes de este proceso que apenas comienza.
Breve retrato del Ejército de Liberación Nacional
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) nace en 1964 durante el auge de los movimientos guerrilleros en Colombia y otros países de América Latina, inspirado por la revolución cubana y los principios de la teología de la liberación. Uno de sus exponentes históricos fue precisamente un cura, Camilo Torres Restrepo, fundador de la primera Facultad de Sociología del país, muerto en su primer combate con el grupo guerrillero. Al igual que las demás guerrillas que han proliferado en Colombia durante el siglo pasado, el ELN se dedicó a la lucha armada como vía para llegar al poder y revolucionar un orden político social y económico extremadamente excluyente, desigual y sin espacios de participación política, totalmente sujeto a la hegemonía de los Estados Unidos en el marco de la guerra fría. El Ejército de Liberación Nacional se instaló y logró el control territorial en varias regiones del país, donde construyó formas de estado paralelo. Sus acciones más impactantes fueron los secuestros y los atentados a infraestructuras, sobre todo oleoductos. Ha tenido relación con la minería ilegal y otros negocios ilícitos para financiar sus actividades. El recrudecimiento del conflicto armado y el involucramiento de las guerrillas en todo tipo de negocios ilegales, principalmente en el narcotráfico, a partir de los años noventa con el fin del apoyo del bloque comunista a los movimientos de liberación nacional, ha llevado las guerrillas supervivientes a convertirse en un actor armado ilegal ya sin peso político, sin opciones de poder y sin apoyo popular. En los últimos años el ELN se ha ido reorganizando tratando de ocupar los espacios que la salida de las FARC había dejado vacíos en los territorios más marginales del país.
El Ejército de Liberación Nacional es la guerrilla con la que más complicaciones han surgido a la hora de dialogar. Las razones principales son dos. El ELN es una organización federada, lo que dificulta la toma de decisiones homogéneas: cada frente se autogobierna y puede haber discrepancias entre los diferentes frentes, así como decisiones autónomas no concertadas. Por el otro lado, el ELN ha siempre reivindicado la centralidad de los territorios en su lucha armada, que debe tenerse presente en la construcción de una agenda de paz. Eso significa que, como se ha declarado por los delegados de la fuerza guerrillera, el diálogo entre élites no tiene sentido y que es en los territorios que han vivido la exclusión y el conflicto donde se deben definir y concretar los términos de la paz.
Los garantes y los acompañantes
Venezuela, desde hace varias décadas, se ha convertido en un refugio para las guerrillas colombianas: un espacio seguro, al reparo de las fuerzas militares colombianas y en un estado políticamente amigable.
Desde Hugo Chávez el país se comprometió también con los esfuerzos para lograr la paz en Colombia y fue país garante en las negociaciones de La Habana. Esta vez su rol es más importante que antes, porque el ELN es una guerrilla binacional a decir de muchos analistas, aunque sus jefes lo nieguen. En el lado colombiano sigue siendo una guerrilla que, a pesar de haber perdido su quid político, ejerce como fuerza insurgente, y en Venezuela actúa como una suerte de grupo paramilitar. Según un informe de Naciones Unidas, el Ejército de Liberación Nacional opera en 12 estados venezolanos donde ejerce sus actividades ilícitas, reclutamiento y control territorial sobre estas zonas marcadas por el abandono estatal, a menudo con el beneplácito de los líderes políticos locales. Por ende, contar con el visto bueno de Caracas era necesario para poder retomar el diálogo: es también por eso que una de las primeras acciones del gobierno de Gustavo Petro fue la reanudación de las relaciones diplomáticas con el vecino que habían sido cerradas en 2019 por el gobierno de Ivan Duque. Así que Venezuela es nuevamente país garante en la mesa de diálogo con el ELN y su capital, Caracas, ha sido escogida como sede de la primera ronda de diálogos, que serán itinerantes y rotativas entre los países garantes. Cuba y Noruega completan el equipo de garantes de la mesa, acompañada también por la Mesa de Verificación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica.
El plan
La hoja de ruta de este proceso que se reanuda es la misma de seis puntos que habían acordado el ELN y la delegación de paz del expresidente Santos. Los puntos son:
1)Participación de la sociedad en la construcción de la paz;
2) democracia para la paz;
3) transformaciones de la paz;
4) víctimas;
5) fin del conflicto;
6) implementación.
Una diferencia sustancial con las Farc entonces: la de no pedir nada a cambio. Pablo Beltrán, negociador del Ejército de Liberación Nacional, el día de la instalación de la mesa afirmó que la puesta en juego no son curules en el Congreso o demandas concretas y puntuales (como fue en cambio en La Habana con los farianos), sino la transformación del país. Nada más ni nada menos. Y si esto parece poco pedir, comparado con las Farc, es en realidad una apuesta ambiciosa y poco “medible”.
Los elenos siempre fueron críticos con el acuerdo alcanzado con las Farc y es evidente que los diálogos que apenas arrancan no seguirán el mismo esquema.
El proceso con el ELN tendrá una metodología dinámica. Habrá mesas rotativas entre los países garantes (el primer ciclo se cerró en Caracas el pasado 12 de diciembre) y las delegaciones que se sientan a escuchar y dialogar son plurales y diversas. La delegación del ELN no despierta muchos comentarios porque sus personajes, como casi todos en este grupo armado, no son figuras conocidas por la opinión pública. Con respecto al proceso de 2016 se quedan algunas figuras, como la de Pablo Beltrán, quizás la figura más pública del ELN. Aparte de los representantes de las fuerzas armadas colombianas, muy interesante es la composición de la delegación del gobierno que incluye figuras simbólicas y necesarias en este proceso. Otty Patiño, exmiembro del M-19 que firmó la paz y participó en la asamblea constituyente de 1991, es el jefe negociador del proceso y trae al proceso el simbolismo de la figura y su experiencia pasada al otro lado de la mesa. Iván Cepeda, senador por el Pacto Histórico (el partido de gobierno), defensor de los derechos humanos y desde siempre comprometido con la paz en el país; José María Pizarro, también senadora del Pacto Histórico, muy cercana al presidente Petro e hija del líder de la guerrilla del M-19 Carlos Pizarro Leongómez asesinado después de la firma de la paz, cuando era un prometedor candidato a la presidencia de la república en 1990. María Jimena Duzan, periodista de larga trayectoria y víctima de la guerra y del narcotráfico, Mabel Lara periodista afrodescendiente, junto a la abogada Nigeria Rentería y a la pastora Adelaida Jiménez representan en la mesa a la sociedad civil. José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan (la Federación Nacional de Ganaderos), representa al gremio productivo más influyente de Colombia, que ha jugado un papel para nada marginal en las dinámicas y narrativas sobre el conflicto armado y que nunca se había mostrado proclive a la paz con las guerrillas.
No será entonces un diálogo entre cúpulas (estado-guerrilla). La voluntad del ELN de concretar los tiempos y modos de la paz junto y dentro de la sociedad colombiana es clara y el gobierno ha venido estudiando las maneras para concretar este propósito. Una posibilidad sería la de utilizar como escenario los diálogos territoriales vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que ya están en marcha. Otro elemento de novedad fundamental es que cada acuerdo logrado en la mesa se irá implementando en la realidad, concepto totalmente opuesto al que se había utilizado en las negociaciones con las Farc en las que el lema era “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Finalizado el primer ciclo de diálogo en el que se institucionalizó la mesa y se hicieron ajustes a la agenda de 2016, todavía poco se sabe sobre cuáles serán los pasos a seguir y podría ser aún muy pronto para ser optimistas. Una de las preocupaciones más importantes de los colombianos es saber cuál será el tratamiento del estado colombiano hacia los miembros del ELN una vez acordada la paz, si es que esta vez se logre. El acuerdo de paz con las Farc sentó un precedente fundamental para estos diálogos en términos de justicia transicional. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, fue acordada en el texto de la paz como mecanismo de sometimiento a una justicia de tipo restaurativo, que tuviese en el centro las víctimas del conflicto. Gracias a este mecanismo, los exmiembros de las Farc pueden tener rebajas de pena a cambio de decir la verdad y confesar sus atroces delitos frente a las víctimas. Con sus altibajos, la JEP sigue siendo un modelo en este ámbito y ha sido aplaudida por expertos de todo el mundo. Sin embargo, su aceptación entre los detractores de la paz en Colombia ha sido y sigue siendo difícil. Especialmente criticado entre los opositores a la paz de 2016 fue el hecho que el acuerdo haya garantizado a las exFarc la participación política, punto fundamental de la agenda desde el comienzo. El propósito era cambiar las balas con votos.
Efectivamente, los ex guerrilleros que participaron en el proceso de paz y la dejación de armas conformaron un movimiento político y además tienen garantizadas unas curules en el Congreso, a modo de reparación de la histórica exclusión del espectro político que los llevó a tomar la vía armada. Se trató de un reto enorme, una ampliación histórica de la democracia colombiana, no tanto por los votos obtenidos por los exfarianos sino por la misma posibilidad de reconocer al enemigo como adversario político y ensanchar también la participación de la sociedad civil y de los movimientos políticos marginales a la vida pública.
Esta vez el ELN la pone más difícil, no queriendo llegar al silencio de las balas a cambio de la palabra en la esfera política, sino apostándole a un proceso de transformación más profundo de la relación entre el estado y la sociedad que vive en los territorios más marginados y que más han sufrido la violencia ejercida por todas las partes en conflicto. Un reto aún más grande y de portada histórica, que de lograrse cambiaría la cara del país y cerraría el ciclo de los movimientos guerrilleros en Colombia. Hay muchos temores, pero mucha esperanza.
La experiencia del proceso de paz en La Habana con las FARC ha cambiado a Colombia y a los colombianos. Sí hubo resistencias, oposición y el proceso de implementación del acuerdo ha tenido dificultades y fallos. Sin embargo, es evidente que este largo proceso histórico ha cambiado la manera de ver de los colombianos hacia la guerra. El guerrerismo extremo de los partidos de derecha ya no cala mucho. Se ha hecho claro que, frente a unas guerrillas debilitadas y vaciadas de su contenido político e histórico, el diálogo en búsqueda de la paz y, sobre todo, la reconciliación es urgente y necesario. La llegada al poder de Gustavo Petro, un exmiembro de la guerrilla del M19, participante del proceso de paz y de la asamblea constituyente de 1991 también es un elemento importante en este cambio de visión hacia los grupos armados. Es la demostración que sólo a través de estos procesos se pueden encauzar de manera pacífica, eficaz y para el bien de todos, las legítimas demandas que fueron la base de la creación de los movimientos guerrilleros en la Colombia de los años sesenta. Demuestra que terminar un grupo armado con las armas no es viable: no lo ha sido durante sesenta años y no lo será ahora. Y que el diálogo es fundamental para crear una sociedad democrática e inclusiva, en la que las diferencias políticas no se transformen en odio y sangre. Si la sociedad está con la paz, esta paz se logrará.
