El pasado 16 de enero tuvo lugar en Davos (Suiza) el Foro Económico Mundial (FEM), dando lugar a uno de los encuentros económicos más importantes en el cual actores gubernamentales, civiles y empresariales, discuten el futuro de la política económica internacional.
Este año, la premisa del FEM es la «Cooperación en un mundo fragmentado», reconociendo la necesidad de dar respuesta a una sociedad sumida en una crisis medioambiental, los estragos de una pandemia, altos índices de inflación y una guerra en Ucrania.
En esta edición del FEM, el presidente colombiano, Gustavo Petro, revivió uno de los debates que más ha dividido a la opinión pública desde que inició su mandato. Petro, en la que sería su primera participación en el FEM, manifestó el interés de su Gobierno en transformar el modelo productivo nacional extractivista y carbonizado, por uno en el que se priorice el uso y producción de energías limpias, es decir, poner en marcha el proceso de Transición Energética.
El proyecto “Colombia, potencia mundial de la vida”, el cual terminó llevando a Gustavo Petro a la presidencia, ubica las políticas medioambientales en el centro de su propuesta de desarrollo. La defensa de este proyecto en el marco del FEM, no ganó el apoyo que el Gobierno se esperaba, por el contrario, suscitó álgidos debates entre la opinión pública. Cabe aclarar, la discusión no gira en torno a si se requiere implementar un modelo económico en sintonía con la lucha contra el cambio climático, frente a lo cual hay amplio consenso, sino más bien en cómo hacerlo.
Compromisos internacionales frente al cambio climático
La Transición Energética no se limita a ser un interés gubernamental de Gustavo Petro. Se encuentra fundamentada en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia, a través de los cuales el país se compromete a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y en general, a implementar políticas públicas que desaceleren el cambio climático. Pero, ¿cuáles son dichos acuerdos? ¿qué pasa si no se cumplen?
En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en el 2017, Colombia, otros 193 países y la Unión Europea, suscribieron el Acuerdo de Paris, en el cual se estableció el compromiso a:
- Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C y esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1,5 °;
- revisar los compromisos de los países cada cinco años;
- ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático.
No obstante, la columna vertebral que sustenta los tratados medioambientales es lo pactado a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 – Acción por el Clima –, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas del 2015.
Colombia ratificó el Acuerdo de Paris por medio de la Ley 1844 de 2017, incorporándolo así al ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, hay dos cuestiones sobre el Acuerdo que se deben examinar. Por un lado, no es un instrumento internacional vinculante en su totalidad, por ende, no hay normas sancionatorias y, por otro lado, permite a los Estados decidir cómo alcanzar dichos objetivos.
El presidente colombiano aprovechó el FEM para hacer una crítica por la ausencia de sanciones ante el incumplimiento de los compromisos internacionales contra el cambio climático. El mandatario expuso que:
“Si la Organización Mundial del Comercio o un tratado de libre comercio cualquiera es vinculante, ¿por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no lo son? ¿Por qué son apenas sugerencias en medio de la catástrofe?”
Para Petro, sin embargo, esta crítica no era suficiente. Era necesario, además, socializar y promocionar lo que para su Gobierno es una la estrategia más efectiva para frenar el cambio climático, la sustitución total de una economía basada en hidrocarburos.
Una transición energética con o sin hidrocarburos
Para Colombia, el sector de hidrocarburos representa, aproximadamente, el 40% de sus exportaciones, el 12% de los ingresos de la nación, cerca del 5% del PIB nacional. Sin embargo, el rumbo de una de las industrias más transcendentales para la economía colombiana, parece no quedar claro ni para el Gobierno, ni para el sector empresarial, y mucho menos para la comunidad internacional.
Por un lado, el presidente Gustavo Petro pareciera tener una narrativa muy clara con relación al futuro de la industria de los hidrocarburos. Ya desde su Programa de Gobierno como candidato a la presidencia, venía sosteniendo la necesidad vital de pasar a un capitalismo descarbonizado.
El capitalismo descarbonizado, como expresó en Davos, requeriría no sólo la transformación productiva y económica en Colombia, sino que también exigiría reformas profundas al sistema económico y financiero internacional. Significaría subvertir el papel de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, cuya políticas y dinámicas están sustentadas, entre otras cosas, por el precio del barril brent.
Mientras que Petro plantea un debate global sobre la descarbonización de la economía, el debate nacional ha girado, sobre todo, en torno a darle vía libre o no a los contratos de exploración de hidrocarburos.
El mandatario ha sostenido que, Colombia deberá darles continuidad a los más de 300 contratos de exploración firmados hasta la fecha. De la gestión de dichos contratos dependerá el autoabastecimiento energético de la Nación y, por ende, de la efectividad de la deseada transición.
Mientras tanto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, parece estar utilizando un tono menos moderado. En una de sus intervenciones, Vélez reiteró la decisión del Gobierno a no conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, y de generar rápidamente un modelo alternativo. El problema con esta afirmación es que ignora que una transición energética efectiva será de todo menos rápida, especialmente una economía tan carbono dependiente como la colombiana.
No es la primera vez que la ministra Vélez desata el desconcierto en los sectores políticos y económicos del país. En octubre del 2022, los partidos de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, radicaron en el Congreso de la República una moción de censura con el objetivo de retirarla del cargo, al considerar que no lideraba dicha cartera con responsabilidad y sus declaraciones estaban generando el pánico económico. Aunque no prosperó, aquella moción de censura fue una clara muestra del descontento frente a su gestión.
Recientemente, la ministra ha vuelto a ser objeto de críticas por la presentación del informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”. Según afirman diversos analistas económicos, habrían sido utilizadas cifras manipuladas que justifican una supuesta autosuficiencia de gas hasta el 2042 e incluir firmas de funcionarios sin previa autorización. La Procuraduría General de la Nación ya ha abierto una indagación preliminar para investigar la veracidad del documento y, por ende, decidir el futuro político de Irene Vélez.
Hidrocarburos: un mal necesario para el sector empresarial
Adicional al estado de confusión que dejan las contradicciones en el seno del Gobierno, están las preocupaciones e inquietudes expuestas por diferentes líderes del sector de hidrocarburos frente una transición demasiado apresurada.
Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, el conglomerado de petróleo y gas más grande de Colombia, dejó clara una línea estratégica distinta frente a la transición energética durante su participación en el FEM. Bayón se refirió a que, si bien es un compromiso de la compañía a impulsar la generación y producción de energías no convencionales y la carbono neutralidad, este estaría supeditado una transición progresiva y gradual.
Además, Bayón hizo énfasis en uno de los mayores desafíos que enfrenta el proceso de transición energética, su financiamiento. En este sentido, reiteró que la recepción de dividendos, regalías e impuestos generados por la industria, es presupuestalmente ineludible.
Francisco Lloreda, director de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ha expuesto una posición similar, argumentando que Colombia tiene que atravesar el camino largo de la transición y que, en gran medida, ese camino dependerá de los ingresos del crudo. Lloreda afirma que, sin nuevos contratos de exploración, a Colombia no le queda más de una década de autoabastecimiento, muy diferente a lo reportado por la ministra Vélez.
Así, representantes del sector empresarial se desmarcan de las medidas tomadas por el Gobierno Petro, al no tener nada claro que cerrarle las puertas a la industria de combustibles fósiles sea una estrategia efectiva hacia una transición energética.
Un proyecto sin aliados
Lo que pudo haber sido un espacio para la promoción económica nacional y un llamado a la inversión extranjera, terminó siendo, en gran medida, una demostración de los desacuerdos internos sobre qué medidas adoptar para darle cumplimiento a los compromisos medioambientales.
El error radica, sobre todo, en no tener claro cuál es el mensaje y cómo se debe transmitir. Por un lado, el presidente Petro hace un llamado a la comunidad internacional a dar pasos hacia un sistema capitalista descarbonizado. Por otro lado, la ministra Irene Vélez habla de ponerle freno la contratación de proyectos de exploración de hidrocarburos. Mientras, otros actores relevantes para el desarrollo de la industria del petróleo defienden la neutralidad de carbono, entre otras medidas menos contundentes.
El Gobierno colombiano parece estar solo en su propósito. La comunidad internacional ve con escrúpulo las medidas que frenan las nuevas exploraciones petrolíferas y se teme que esto produzca una contracción en la economía nacional. Países como Brasil, Argentina, México y Venezuela, principales exportadores de petróleo en la región y, además, políticamente afines a Gustavo Petro, continúan apostándole al aumento de su producción.
El FEM culminó y queda la sensación de que la participación de Colombia dejó en evidencia más fisuras que consensos frente al futuro de la industria nacional de hidrocarburos. Mientras la transición energética no admite demoras, Gobierno y sector empresarial parecen tener un mismo fin, pero estrategias diferentes y, en muchos sentidos, incompatibles, para alcanzarlo.
