Después de casi exactamente tres años llevando la vocería de la oposición venezolana, el gobierno interino de Juan Guaidó ha sido disuelto. La misma Asamblea Nacional que decidió el 23 de enero de 2019, enfrentar el mandato ilegítimo de Nicolás Maduro con la figura de la presidencia interina, determinó que, a partir del pasado 5 de enero, dichos poderes quedarían en cabeza del cuerpo parlamentario.
Según la encuestadora Datanalisis, Juan Guaidó llegó a tener una popularidad del 77% en 2019, porcentaje que descendió a 11.4% en 2021. Incluso con una popularidad menguante, el 78.1% de los venezolanos le hubiese votado en unas posibles elecciones generales.
La influencia de la presidencia interina de Guaidó también se redujo a nivel internacional. Llegó a tener el reconocimiento y apoyo de más de cincuenta países, de los que se destacan Estados Unidos, Colombia, Brasil y la Unión Europea. Sin embargo, esto no fue suficiente. Con la extensión poco legítima del período ordinario de la Asamblea (6 años) y, a su vez, las pocas muestras de consenso por parte de los principales partidos de oposición, el Parlamento Europeo y gran parte de la comunidad internacional que alguna vez le había respaldado, tomaron la decisión de retornar el reconocimiento y reconstruir las relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro.
La figura de la presidencia interina en Venezuela, marcó un antes y un después en las relaciones políticas de la región. Varios países, resaltando a, por ejemplo, Estado Unidos y Colombia, decidieron suprimir las relaciones bilaterales con el gobierno de Maduro, y en su lugar, otorgar dichas funciones a líderes de la oposición. A esto se le llamó, la política del cerco diplomático.
Como es evidente, esta política de confrontación no obtuvo los resultados esperados. La era Guaidó llegó a su fin, y la región se enfrenta ahora a una nueva etapa, por lo tanto, a la necesidad de establecer una nueva estrategia. Estrategia que debería tener por objetivos, la recuperación de la institucionalidad y la democracia y, por consiguiente, la integración de Venezuela en la arena política internacional.
Para un problema, muchos problemas
Juan Guaidó fue nombrado presidente interino, en medio de una tensa situación política nacional en la que se desconocían los resultados de las elecciones que, fraudulentamente, permitía la continuidad de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, y donde la Asamblea Nacional era considerada el último organismo con legitimidad del país. Fue esta última, utilizando una amplia mayoría opositora, quien pretendía llevar las riendas de los poderes ejecutivos en un momento de total incertidumbre.
El proyecto estaba liderado por los partidos que conforman el llamado G4: Voluntad Popular (en el cual milita Guaidó), Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. El propósito parecía claro, frenar la usurpación electoral fraguada en el 2018, promover un nuevo proceso electoral libre y transparente y, establecer un gobierno consensuado entre todas las fuerzas opositoras.
Sin embargo, al poco tiempo se hicieron evidentes la falta de cohesión en la oposición, los fuertes personalismos en cada una de las fuerzas políticas, los evidentes casos de corrupción y malas prácticas. Esto hizo que la novedosa figura del presidente interino y, por ende, la Asamblea Nacional, no cumplieran con ninguno de los objetivos trazados, ni con las expectativas de la opinión pública.
Una oposición sin pies ni cabeza
La oposición venezolana se vendió, tanto a nivel nacional como internacional, como una fuerza de contención homogénea, con un objetivo claro y contundente. Nada más alejado de la realidad. Realmente, como lo hemos podido ver, resultó siendo un conglomerado de diferentes partidos, unos de vieja data y otros más recientes, con distintos y dispersos puntos de vista y fuertes personalismos.
Sabine K Sabine Kurtenbach, politóloga y directora de investigaciones del Instituto Alemán para Estudios Globales (GIGA), ha expuesto de manera concisa, cuáles fueron los principales inconvenientes de la oposición, que dieron como resultado el cese de Juan Guaidó como mandatario interino:
- Los partidos más tradicionales, miembros del G4, más allá de defender la recuperación institucional y democrática en Venezuela, procuraban, sobre todo, la defensa de sus propios intereses partidistas que son, sin duda alguna, demostrar una supremacía política y hacerse con el poder ejecutivo.
- Nunca se llegó a establecer un programa común, que demostrara un claro consenso sobre cuál o cuáles iban a ser los mecanismos para recuperar la democracia y, cuál sería el plan de acción a futuro. De hecho, Sabine resalta que, los partidos nunca llegaron a ponerse de acuerdo sobre cómo recuperar el Palacio de Miraflores, si a través de un pacto con el régimen de Maduro, por la vía democrática, es decir insistir en los procesos electorales, o incluso, por el uso de la fuerza.
- Al interior de los grandes partidos se aplicaba lo que se conoce como política mesiánica, a través de la cual se establecen fuertes personalismos que lideran, guían, fortalecen la posición de un caudillo y se rinde culto a la personalidad de éste. En el caso de Voluntad Popular, la figura de Leopoldo López cumplía con dichas consignas, mientras que, en Primero Justicia, lo hacía Henrique Capriles.
Corrupción y malas prácticas
Según el Statista Research Department, Venezuela encabeza los índices de percepción de la corrupción en la región, y la oposición no ha sido muestra de lo contrario. Son varios los casos en los que los líderes opositores se han visto envueltos en escándalos que involucran prácticas económicas y políticas fraudulentas y poco transparentes.
Uno de los principales señalamientos que se le hace a la oposición, es el mal manejo de los bienes y activos del Estado en el extranjero, a través de los cuales, la oposición concentra el control de miles de millones de dólares.
¿Cómo llegaron estos activos a manos de la oposición venezolana?
El congelamiento, bloqueo y posterior entrega de activos a la oposición, eran parte de una fuerte política de presión diplomática liderada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump. El objetivo de esta estrategia era otorgar el manejo y posesión de dichos activos (mayoritariamente compañías e infraestructuras petrolíferas y reservas de oro) al recién legitimado gobierno interino y, reducir al mínimo el poder de Maduro en el exterior.
Esta estrategia, la misma que permitió el reconocimiento internacional expedito y masivo de Guaidó, fue rápidamente replicada por distintos gobiernos. Reino Unido decidió bloquear las reservas venezolanas de oro en dicho país. El gobierno de Iván Duque en Colombia, expropió Monómeros, filial de la poderosa petrolera PDVSA, mientras que otros, como Portugal, optaron por congelar los activos bancarios.
Lo que no estaba contemplado era, precisamente, el establecimiento de procesos de rendición de cuentas sobre los activos, ni ante la Asamblea Nacional de Venezuela, ni ante la comunidad internacional. Es así, como los miles de millones de dólares que siguen estando en manos de la oposición, fueron objeto de malversación a través de la creación de empresas fantasma, dobles facturaciones y contratos irregulares, según consta en distintas denuncias.
El caso monómeros
El llamativo caso de Monómeros, filial de PDVSA con sede en Colombia, permitió evidenciar el alcance de las redes de corrupción que se gestaron gracias al establecimiento del gobierno interino.
Monómeros, cuya propiedad y gestión pasó a estar en cabeza de la oposición venezolana en 2019 y que, además, suple más del 60% de la demanda colombiana de fertilizantes, fue objeto de prácticas fraudulentas que salpicaron tanto a miembros de su Junta Directiva, como también a figuras directamente relacionadas con Leopoldo López.
Los hechos incluyen operaciones de “colaboración comercial”, mediante las cuales se creaban empresas ficticias con el objetivo de liquidar Monómeros y apropiarse de la totalidad de sus acciones. Utilizando la figura mercantil lown to own, los representantes de la compañía propiciaron la usurpación de cuantiosos bienes del Estado, atendiendo indebidamente a intereses y beneficios particularistas.
Finalmente, a mediados del 2022, la Comisión Permanente de la Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela presenta un informe en el que se reconocen los actos de corrupción dentro de Monómeros. El informe declara la responsabilidad política de Guillermo Rodríguez Laprea y Diana Bracho Bertameu, gerente y presidente de la Junta Administrativa de la compañía, respectivamente.
Hasta ahora, la Asamblea sigue desvirtuando los nexos de miembros y allegados a la oposición con el mal manejo dado a la empresa Monómeros. Tampoco se ha logrado reconocer responsabilidades penales en el caso.
Monómeros sigue siendo un tema neurálgico para las relaciones de ambos países. El objetivo del gobierno Petro, es que el Estado colombiano recobre la participación accionaria de la compañía. Con ello se garantizaría el abastecimiento nacional de fertilizantes, y a su vez, protegería la soberanía alimentaria del país.
Operación Gedeón
Otro de los grandes fracasos de la oposición venezolana y del gobierno interino de Guaidó, fue la fallida operación Gedeón. Se trataba de una operación táctica llevada a cabo en mayo del 2020, en la que se buscaba la captura de los principales líderes políticos y militares del régimen, para ser posteriormente entregados a las autoridades americanas.
En la operación participaron miembros de las fuerzas de inteligencia estadounidenses y exmilitares venezolanos y, cuyo centro de operaciones y entrenamiento se ubicaba en la Península de La Guajira, en la zona norte de la frontera colombo-venezolana. Se haría a través de dos grupos: uno que saldría hasta las costas de la Guaira (cerca de Caracas) y un segundo grupo que se dirigiría hacia la costa de Aragua.
La operación Gedeón fracasó. Dejó un saldo de ocho muertos, más de una decena de capturados y una creciente tensión diplomática. Maduro anticipó el plan, y lo utilizó como instrumento retórico en contra de Juan Guaidó, del gobierno estadounidense y en contra del gobierno colombiano de Iván Duque.
El discurso sobre las amenazas exteriores utilizado frecuentemente por el régimen de Maduro se legitimó y fortaleció. Le dio la oportunidad de señalar a Colombia como un actor desestabilizador para la región y un colaborador incondicional de Washington, debilitando aún más, las relaciones deterioradas de sus relaciones bilaterales.
El deterioro de la relación colombo-venezolana
Sin duda, la presidencia interina de Juan Guaidó marcó un punto de inflexión en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Este período dejó en evidencia que uno de los grandes desaciertos de ambos gobiernos giró en torno al precario uso de la diplomacia.
Es importante resaltar que relaciones diplomáticas no se limitan a los formales y protocolarios encuentros entre dirigentes y gestores de los asuntos exteriores de los países. La diplomacia o la falta de ella, repercute en el día a día de los ciudadanos.
En el caso colombo-venezolano, dos pueblos con una historia común, la ruptura política representó un detrimento en la calidad de vida de las personas a lado y lado de la frontera. El servicio consular necesario para atender la población migrante fue casi inexistente. La falta de flujos comerciales limitó el transporte de alimentos y otros bienes de primera necesidad como los medicamentos. Demasiadas problemáticas en juego y muy poca la cooperación.
Colombia, por un lado, se equivocó al decidir cortar los canales diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro, desconociendo que, aunque ilegítimo, este continuaba ostentando el poder sociopolítico nacional y, por ende, la capacidad real de toma de decisiones en el ámbito público. Al mismo tiempo, se le concedió al gobierno interino una preponderancia demasiado prematura, debido principalmente, a que este aún no contaba con la requerida cohesión interna, ni con el debido aparato institucional que lo soportase.
Como ya hemos visto, el gobierno interino de Juan Guaidó también tuvo múltiples tropiezos en la conducción de sus relaciones diplomáticas. Los representantes del interinato en el exterior, es decir, los autoproclamados funcionarios diplomáticos, fueron incapaces de construir y desplegar un proyecto común hacia la democratización de Venezuela. Por el contrario, nunca habían sido tan evidentes los personalismos, las fuertes contradicciones y la corrupción dentro de la oposición. Más que cambio, en diversos ámbitos, la oposición resultaba representando el continuismo.
La reconciliación en la era post Guaidó
Después de una estrategia de cerco diplomático fallida y una crisis política desgastante, la relación colombo-venezolana vuelve a verse ante nuevo desafío: reconstruir sobre lo destruido. Se deben reconocer las falencias en el manejo de las relaciones bilaterales en los últimos años, y a su vez, prestar suma atención al establecimiento de una hoja de ruta en la que ambos actores dejen claro cuáles son los intereses, qué es lo negociable y qué no lo es.
Ambos países han dado pasos hacia delante. Colombia ha reactivado su Embajada en Caracas, mientras que Venezuela se ha comprometido a recuperar su presencia institucional y diplomática en Bogotá.
Se debe iniciar por la adopción de una postura pragmática, que permita el reconocimiento de Nicolás Maduro como principal interlocutor y sujeto portador del poder material. Por ende, este pragmatismo tiene entonces que asumir el rol estratégico de Venezuela, su preponderancia energética y su relevancia geopolítica frente a la protección de los intereses colombianos.
Por poner sólo un ejemplo, Colombia necesita el diálogo y mediación directa de Maduro para garantizar la construcción de políticas de paz con grupos al margen de la ley. Durante muchos años, las guerrillas, anteriormente las FARC-EP, y actualmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han instrumentalizado la permeabilidad de la frontera como estrategia de guerra. La paz del pueblo colombiano, por ello, requiere un rol activo de Venezuela.
Así mismo, el pragmatismo debe permitir la determinación de exigencias mínimas al régimen. Los distintos gobiernos regionales son responsables de hacer uso de las instancias bilaterales y multilaterales, para corregir una amplia trayectoria de transgresiones al Derecho Internacional, sobre todo en lo que respecta a las violaciones a los Derechos Humanos.
Esta reconstrucción, aunque de un alcance medio-placista, es posible. De hecho, han convergido dos momentos importantes: por un lado, el debilitamiento y baja popularidad de la oposición y, por otro, la llegada de gobiernos de izquierda a la región, lo que, en principio, ayudaría a desentorpecer las relaciones.
Servir como facilitador para la cooperación política y, por otro lado, como muro de contención, es hoy el imperativo para los líderes latinoamericanos.
