El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió este lunes su cuarto mandato consecutivo junto a su esposa y, a su vez, vicepresidenta Rosario Murillo en medio de las fuertes sanciones de la comunidad internacional. La Unión Europea y los Estados Unidos (EE.UU.) sancionaron a funcionarios del régimen sandinista (entre ellos tres generales del Ejército de Nicaragua y Camila y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial) y a tres instituciones nicaragüenses (la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos) debido a su perpetuación en el poder.
Daniel Ortega, de 76 años, es un exguerrillero que luchó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar al dictador Anastasio Somoza en la Revolución de 1979. Presidió el país por primera vez entre 1985 y 1990 y retornó al poder en 2007.
Con este nuevo acontecimiento, el exguerrillero sumará veintiséis años en el poder. Esta es su cuarta presidencia consecutiva desde el 2011, cuando un fallo constitucional aprobó la reelección presidencial sucesiva. El líder sandinista mantiene el poder gracias al autoritarismo. En el 2018 reprimió una protesta que el mandatario tildó como un fallido golpe de Estado apoyado por Washington, al respaldo de las fuerzas armadas, a sus programas sociales de combate a la pobreza que emprendió en sus primeros años y a la corrupción que le ha permitido colocar a su familia en cargos gubernamentales.
Además de ser considerado un dictador y nepotista, a Daniel Ortega se le acusa de haber organizado un circo electoral en la votación presidencial de noviembre -la cual ganó con el 75.87%, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE)-, porque estuvo marcada por candidatos desconocidos y por el arresto de ciento setenta presos políticos, entre ellos treinta y seis opositores de los cuales destacan siete precandidatos presidenciales, por ser considerados por el gobierno como golpistas y apátridas. Por ello la Organización de Estados Americanos (OEA), la UE, los EE.UU. y cuarenta países más calificaron los comicios como ilegítimos.
Cabe destacar que de acuerdo con la organización independiente Urnas Abiertas a las elecciones de noviembre solo acudió el 18.5% de los 4.9 millones de votantes, contrastando con los datos del CSE que señaló el 65% de participación.
Pese al aislamiento internacional, Nicaragua cuenta con aliados como Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Palestina, Rusia, Siria, Venezuela, Vietnam y recientemente China, país con el cual estableció nexos en diciembre de 2021 luego de que Managua rompiera relaciones con Taiwán.
Junto con los países antes mencionados, a la toma de protesta acudieron representantes de Belarús, Belice, Honduras, República Árabe Saharaui, Laos, Camboya, Angola, Turquía, Bielorrusia, Egipto, Malasia, Yemen, Argentina y México. Destacan estos dos últimos, el primero debido a que Alberto Fernández, presidente de Argentina, recibió apoyo de Nicaragua para que asumiera la presidencia anual de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). En el caso de México se debe a la crítica que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, por avalar a Ortega como líder nacional.
Nicaragua es el espejo en el que muchos países latinoamericanos deberían mirarse. Los riesgos que conlleva cuando el poder reside en una sola figura que es apoyada por el ejército, cuando existe un endeble sistema político-electoral debido a que los órganos autónomos carecen de solidez y cuando la falta de separación de poderes nulifica la posibilidad de organizar elecciones libres, las alarmas deberían saltar.
