Nicaragua una nación en el centro de América Central, una nación que hoy 18 de abril de 2023, cumple 5 años del comiendo de una crisis política-social-económica, hablar de lo ocurrido en abril de 2018 en Nicaragua es significado de crear una enemistad entre los nicaragüenses.
Lo que inició como una protesta en contra de una reforma polémica, terminó convirtiéndose en una crisis sin final, 5 años han transcurrido desde que, las calles se vistieron de colores azul y blanco simbolizando a la oposición y ciudadanos adversos a las políticas del Gobierno del presidente Daniel Ortega, mientras otra parte de la ciudadanía se vistiera de los colores rojo y negro que simbolizaba su apoyo incondicional a las reformas impuestas por el gobierno central nicaragüense.
No obstante, en este punto debemos hacernos una pregunta que continúa siendo objeto de discursos plagados de enemistad, lo ocurrido:
¿FUE UNA REVOLUCIÓN DE COLOR COMO AFIRMAN MUCHOS EXPERTOS O FUE UN GOLPE DE ESTADO COMO AFIRMA EL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA?
La respuesta presenta argumentaciones válidas entre ambos bandos pues, una realidad que no debemos dejar a un lado fue la existencia de muertos en ambos polos, lo vivido desde abril de 2018, simboliza para el segundo país más pobre del América Latina, su segunda fractura social, pues la primera ocurrió durante la Revolución Sandinista en los años 80.
Sin embargo, a diferencia de la crisis de los 80 que se convirtió en una guerra civil entre Sandinistas y Contrarrevolucionarios, la crisis que hoy en día que afronta la nación de Lagos y Volcanes ha significado: exilios forzados, autoexilio, persecución a periodistas, cierre de medios de comunicación, sanciones, abundantes fake news, falsos diálogos, disidencia entre miembros del oficialismo, presos políticos y una crisis económica severa.
Preámbulo del eterno abril
El retorno al poder de Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el año 2007, formó parte de la primera marea de gobiernos de izquierda en América Latina entre 1999-2009, el retorno al poder del FSLN significó acabar con 16 años de gobiernos que surgieron durante la era postrevolución.
Sí bien el retorno del Sandinismo al poder en Nicaragua, significó el comienzo de la época dorada del apoyo de la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolas Maduro, esta jugará un rol crucial en los diferentes programas sociales, debido que entre los años 2007 a 2015, la Cooperación Venezolana en Nicaragua afianzaba la popularidad del Gobierno de Daniel Ortega, según una investigación realizada por el medio francés EFE, expusieron que, desde el año 2007, el Gobierno Chavista ha destinado más de 4,950,4 mil millones de dólares, dichos fondo canalizados a través de Alba de Nicaragua S.A. (ALBANISA), una empresa filial de PDVSA, ha sido la principal financiación de los programas y subsidios que realizaba el Gobierno de Nicaragua.
El rol de la Cooperación Venezolana, permitió hacer frente a muchas de las peticiones que la ciudadanía nicaragüense requería de parte del gobierno, la demanda más importante que dio inicio al camino del eterno abril, fue durante el año 2013, cuando se reactivaron de las “Pensiones Reducidas”, un programa que se convirtió en ley en el año 2015, y donde esta tiene como objetivo brindar el apoyo a toda ciudadano de la tercera edad, que no había cumplido con las políticas que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), demanda para ser beneficiarios de pensiones en Nicaragua; esta demanda popular logró que el mismo Daniel Ortega, firmara durante la celebración del 34 aniversario de la Revolución Sandinista la activación y posterior reforma al decreto No.975 del año 1982.
La reforma del decreto No. 975 del año 1982, partía con el artículo 56, el cual establecía: “El derecho a una pensión de todo ciudadano mayor de 60 años, que no hubiese alcanzado las 750 semanas que confiere la ley de seguridad social de Nicaragua”, vale destacar que, durante el Gobierno de la presidenta Violeta Barrio (1990-1996), este decreto fuese dejado sin efecto por recomendación del FMI, la reforma significó para el año 2013, que más de 9 mil ciudadanos de la tercera edad serían beneficiarios.
Asimismo, durante este mismo acto, el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dejaba entre ver en su discurso como invitado especial al acto que, el gobierno chavista mantendría el apoyo financiero a través de ALBANISA, lo que le permitiría al Gobierno de Nicaragua, hacer frente al déficit económico que vendría como consecuencia de las pensiones reducidas.
No obstante, la muerte de Hugo Chávez y la crisis económica surgida durante la era Maduro, genero una afectación directa a muchos de los programas del gobierno nicaragüense, mismas afectaciones se agudizarían durante el año 2017, al estallar el déficit del INSS, para finales del ese año el INSS había entrado en un declive con la pérdida de 2.4 millones de córdobas.
Vale destacar que, el FMI realizó un estudio junto con las autoridades de Nicaragua, en las cuales determinaron que, la aprobación de la ley 900: “Ley de Pensión Reducida”, de la mano con la falta de incorporaciones de profesionales a empleos formales y mal uso de los recursos del INSS, fueran las causantes de la crisis del seguro social nicaragüense.
La misión de expertos realizó una serie de recomendación, las cuales no fueron tomadas por el Gobierno del presidente Ortega, en el documento presentado por el FMI afirmaban que: “El Fondo Monetario Internacional, urge al Estado de Nicaragua, garantizar la sostenibilidad del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) antes del 2019, advirtiendo sobre el aumento de la deuda pública en el largo plazo, lo que amenazaría la sostenibilidad del INSS”.
Además, la misión de expertos del FMI recomendó que las Pensiones Reducidas dejarán de formar parte de las obligaciones financieras del INSS, y que estas pasarán a formar parte del Presupuesto General de la República.
El eterno abril
“Queremos restablecer el orden, no podemos permitir que aquí se imponga el caos y saqueos”
Daniel Ortega
Contexto:
Las palabras antes mencionadas fueron parte del discurso del presidente Ortega, 4 días después del estallido de las protestas, dichas protestas iniciadas el 18 de abril a consecuencia de la aprobación de las reformas al INSS, donde esta reforma pretendía la recuperación del INSS, luego de sufrir un déficit el año anterior, en esta reforma se enmarcaba el aumento de las cuotas de los trabajadores y empresas, provoco una fractura entre el Gobierno y la Empresa Privada, las cuales mantenían una alianza muy sólida.
La reforma fue publicada el 16 de abril, y establecía que los jubilados se les descontaría un 5% de sus pensiones en concepto cobertura de enfermedades, siendo este punto el detonante para el estallido de las protestas, debido que, las personas de la tercera edad debían realizar pagos mensuales para ser atendidos en los programas especiales de salud del INSS, a su vez, con el comienzo de las protestas, y acompañada por la cobertura de diferentes medios de comunicación independiente, avivaron la argumentación del Gobierno del presidente Ortega, sobre catalogar meses posteriores a abril que: “Las protestas del INSS fue un intento de Golpe de Estado”.
Bandos y protestas:
Durante el mes de abril, las principales ciudades de Nicaragua vivieron una etapa jamás vista en décadas, pues las protestas tanto a favor como en contra de la reforma crearon los bandos siendo los “Autoconvocados o Azul y Blanco “, todo aquel ciudadano que se oponía al Gobierno, mientras los simpatizantes sandinistas representaban los colores “Rojo y Negro” fueron apoyado por las instituciones del Estado y Policía Nacional.
Dichas agrupaciones generaron un ambiente tenso y que en múltiples ocasiones realizaban acciones violentas, ya que, durante este periodo varios centros universitarios estaban siendo tomadas por los protestantes, lo que a su vez, representaban ser símbolos de resistencias antigubernamental, llevando a que la Policía realizará acciones a fin de recuperar el control y derivando en enfrentamientos.
Si bien el 22 de abril, se da la derogación de la reforma al INSS, las calles de Nicaragua mantenían un enfrentamiento constante, provocando en el lapso de finales de abril hasta julio de 2018, la muerte de numerosos ciudadanos y más de una decena de heridos entre autoconvocados, simpatizantes del oficialismo y agentes policiales.
¿Diálogo o negociación?, la respuesta del gobierno:
La búsqueda de una solución a esta crisis en la actualidad parece ser difícil de alcanzar, no obstante, entre los meses de mayo de 2018 y marzo de 2019, se realizaron dos diálogos en los cuales se pretendía la búsqueda nuevamente de una estabilidad, sin embargo, la crisis provocada de los acontecimientos de abril de 2018, conllevo a que la primera mesa de diálogo se buscara la renuncia del presidente Ortega, provocando a su vez, el levantamiento de Tranques (barricadas), lo que terminaría provocando que todo el país, se viera afectado en la libre circulación y con ello una terrible recesión económica.
Es durante este periodo en que no se concretara una solución y ante el aumento de los tranques, el Gobierno del presidente Ortega, realizó las denominadas “Limpieza de Tranques”, en las cuales fuerzas policiales y simpatizantes sandinistas, se movilizaron hacia las diferentes ciudades, es durante estas operaciones en las cuales se evidenciaron el uso de armamento bélico por de simpatizantes y agentes policiales, asimismo, dichas evidencias fueron utilizadas por organizaciones internacionales para catalogar al gobierno de realizar crímenes de lesa humanidad.
Lo que a su vez serían las razones de las implementaciones de sanciones por parte de la comunidad internacional, mientras el gobierno presentaba pruebas del uso de armamento bélico por parte de los autoconvocados, lo que a su vez, llevarían a la implementación del terminó “Tranques de la muerte” por parte del oficialismo, lo que terminaría siendo su justificación para las operaciones de limpieza, mientras se realizaba a la parte redadas hacia opositores quienes luego serían catalogados como presos políticos, y que permitió al gobierno retomar el control en las diferentes ciudades.
La llegada del año 2019, significo un segundo intento de diálogo, sin embargo, a diferencia del primero, este proceso es recordado por participación del Nuncio Waldemar Stanislaw, el cual fue enviado desde el Vaticano con el objetivo de ser garante de los acuerdos, sin embargo, el segundo intento de negociación termino fracasando, lo que a su vez, terminaría con las esperanzas de una solución y liberación de presos políticos.
No obstante, el rol jugado por el Nuncio Stanislaw, permitió que en el mes de junio se aprobara la Ley 996, también conocida como la amnistía de 2019, en el cuales protestantes que fueron encarcelado como consecuencia de su participación de los acontecimientos de abril de 2018, fueran liberados y provocando con ello, el auge de un éxodo de nicaragüenses hacia naciones como Estados Unidos, Costa Rica y España.
Crisis de 2021, victoria electoral sin oposición
El año 2021 sería recordado por la particularidad de ser el año electoral crucial, pues durante este año se celebrarían las elecciones presidenciales, dichas elecciones pretendían ser el proceso más competitivo que la oposición azul y blanco tendría, debido a que el peso de las sanciones internacionales, así como, las denuncias de violaciones de DD. HH, jugarían un papel crucial para lo que se perfilaba como una victoria de la oposición frente al oficialismo.
No obstante, la respuesta del presidente Ortega ante lo que sería la victoria de la oposición, comenzaría con la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y en donde todos los nuevos magistrados fueron señalados por ser fieles simpatizantes al presidente Ortega, asimismo, durante este año, comenzaría la denominada “cacería de brujas”.
La anterior expresión, es para referirse a los acontecimientos de la inhabilitación de opositores, cancelación de partidos políticos y encarcelación de aspirantes presidenciales, dichas acciones dieron comienzo con el proceso de investigación por presunta financiación extranjera de Cristiana Chamorro Barrios (primera aspirante presidencial inhabilitada y detenida), hija de Pedro Joaquín Chamorro (Héroe Nacional de Nicaragua, muerto durante la dictadura somocista) y Violeta Barrio (expresidenta de Nicaragua).
Este proceso en contra de Cristiana Chamorro, da inicio al proceso de investigaciones sobre el financiamiento del llamado “Intento de Golpe de Estado”, en el cual la Fundación Violeta Barrio, de la cual Cristiana era la Directora General se encuentra vinculada con la agencia USAID, esta investigación se da luego de la publicación “Cómo USAID creó el aparato mediático anti-sandinista en Nicaragua”, realizada por el periodista americano Benjamín Norton, esta una investigación a favor del Gobierno del presidente Ortega, detallo como la USAID y la Fundación Violeta Barrios, orquesto la realización de programas de libertad de expresión, estudios sobre cultura política, entre otros, los cuales crearon los acontecimientos de abril de 2018.
La publicación realizada por Norton, fue considerada por el oficialismo como un informe de evidencias que le permitía realizar las cancelaciones de personerías jurídicas de numerosas ONGs, medios de comunicación, universidades, arresto de aspirantes presidenciales y la cancelación de partidos políticos.
Durante los meses de mayo-octubre, se dio la cancelación de los partidos Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Conservador (PC), Partido Restauración Democrática (PRD), así como, la inhabilitación de 10 aspirantes y el arresto de 7 de ellos junto a más de 20 ciudadanos miembros de diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil, de igual forma fue cerrado el Diario La Prensa, esta acción permitió la reelección de la formula Ortega-Murillo en las elecciones presidenciales.
¡Fuera el Vaticano!
La victoria electoral de 2021, no solo agudizo la división social y política de Nicaragua, sino que a su vez genero un enfrentamiento directo con la iglesia católica, pues en los primeros meses del año 2022, se realiza la expulsión del Nuncio Waldemar Stanislaw, luego de que el Vaticano expresara su preocupación por el estado de los detenidos durante el año 2021, lo que supuso el comienzo de una crisis entre Nicaragua y el Vaticano.
Desde el año 2018, el gobierno ha acusado a los sacerdotes nicaragüenses de formar parte del Fallido Golpe de Estado, pues la conferencia episcopal de Nicaragua ha sido señalada por el presidente Ortega de promover el proceso de desestabilización desde los diferentes templos, lo que ha provocado el aumento de fuerzas policiales en los alrededores de parroquias llegando hasta el punto de suspender actividades religiosas y encarcelar a obispos y sacerdotes, siendo el más conocido el caso del obispo Rolando Álvarez.
No obstante, es durante este año 2023 en que la crisis con el Vaticano ha llegado a su mayor punto, pues el pasado mes de marzo el Papa Francisco, por primera vez en muchos años, ha catalogado al Gobierno de Nicaragua como una dictadura hitleriana.
Un rumbo sin final posible
Lamentable 5 años se cumplen de una crisis que inicio por el INSS y que hoy en día marca a toda una nación, desde el año 2018 han salido de Nicaragua más de 400 mil nicaragüenses, siendo en muchas ocasiones el asedio y la falta de oportunidades causantes que exista un éxodo de migrantes.
Al igual que Cuba o Venezuela, cada día ocurren nuevos hechos que provocan la caída de la económica, se vuelven más utópica, donde crece la polarización y la criminalización por parte del Estado, asimismo, los altos niveles de corrupción y disidencia forman parte los debate sobre si fue una Revolución de Color o Golpe de Estado que vienen prevaleciendo con el pasar de los años.
