Más allá de que Centroamérica comparte una historia semejante en cuanto al legado de autoritarismo derivado de los conflictos internos y altos niveles de exclusión social, tanto las pandillas como las maras manifiestan diversas expresiones. Mientras que las pandillas de Guatemala, Honduras y El Salvador son agrupaciones más estructuradas, violentas y numerosas, sus similares costarricenses y nicaragüenses son menos violentos y se caracterizan por ser pandillas más domésticas.
En esta misma línea, la actividad delictiva cometida por los pandilleros y el miedo que generan en la comunidad, son la razón principal por la que los gobiernos dedican innumerables esfuerzos con el objetivo de controlar y prevenir estos quebrantamientos de la ley. De tal forma que, la relación entre afiliación a la pandilla y actividad delictiva es muy importante, debido a que los jóvenes afiliados cometen más delitos que los jóvenes que no lo son.
Por tanto, la persistencia en el tiempo de las pandillas juveniles y las maras en Centroamérica se ha transformado en un conflicto social, al menos en el triángulo norte puesto que los gobiernos locales, son incapaces de combatir la violencia juvenil.
Se considerará en primer lugar a El Barrio 18 (B-18) o pandilla quienes hacen uso de dicha designación para distinguirse de los mareros. Esta agrupación, se identifica con el número 18, en referencia a la Eighteen Street, que era su territorio en Los Ángeles a fines del siglo pasado. En segundo lugar, se tendrá en cuenta a la Mara Salvatrucha (MS-13) o mara. La connotación de mara es ambivalente y “Salvatrucha” procede de la palabra “salva”, que es acrónimo de salvadoreño, y comprende el vocablo “trucha”, que significa listo, vivo o sagaz.
Así pues, ambas agrupaciones son entendidas como protagonistas evidentes de la instrumentalización y la expresividad de la violencia en Guatemala y El Salvador (Reséndiz Rivera, 2016). El B-18 y la MS-13 son pandillas que se diferencian de diversos actores ilegales no sólo por las relaciones intergrupales de identidad, sino también por los márgenes etarios.
Por esta razón y a través de una dinámica dominadora y expansionista, consiguieron neutralizar y absorber a muchas de las pandillas tradicionales. Además, son las más influyentes y las dos agrupaciones con mayor presencia territorial en el norte de Centroamérica llegando a ser entendidas, desde hace algunos años, como redes transnacionales que transitaron su camino hacia un proceso de formalización.
Ahora bien, ambas pandillas tienen su origen en Centroamérica a inicios de la década del noventa, influenciadas por el regreso de pandilleros centroamericanos de California y Los Ángeles luego del Acuerdo de Chapultepec, quienes impusieron de manera paulatina las identidades pandilleriles estadounidenses a las pandillas de la región. Hoy por hoy, tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha son pandillas que han sobrevivido y coexistido a lo largo de los años.
En definitiva, estos grupos delictivos son un claro ejemplo del uso de la violencia indiscriminada ya que reparan su accionar en actividades que transgreden la legalidad.
Desarrollo
El contexto actual de la región está atravesado por discursos de ley y orden, de tal manera que ha cobrado fuerza una tendencia al endurecimiento de penas y leyes, tanto en la justicia de menores como en el ámbito de la justicia penal. Por consiguiente, los países del triángulo norte han fundamentado el uso de fuerzas combinadas del ejército y la policía nacional en la esfera pública, utilizando una retórica alarmista. Más recientemente, el avance de la criminalidad asociada a las pandillas propició que estas agrupaciones sean vistas como el foco primordial de inestabilidad e inseguridad en Centroamérica.
El Salvador
El Salvador, país más pequeño de Centroamérica, inició un nuevo período político con la presidencia de Nayib Bukele, actual presidente de la República quien asumió en junio de 2019. En su discurso inicial, se refirió a las pandillas en un tono beligerante debido a que el país, contaba con una alta tasa de homicidios para ese año, precisamente de 2398 asesinatos al año, 948 menos que el año anterior según la página web Datos Macro (s.f.).
Fue por esta razón, que informó el comienzo del Plan de Control Territorial, lanzado en junio de 2019, que tenía como objetivo recuperar los espacios controlados por las maras, cortar sus fuentes de financiamiento, controlar los establecimientos penitenciarios y fortalecer la fuerza pública.
Un año más tarde, a pesar de las circunstancias desatadas por el coronavirus, el proyecto siguió en marcha. Bukele, amplió la presencia policial con el único propósito de cortar las comunicaciones desde las cárceles hacia el exterior impidiendo que los pandilleros pudieran seguir organizando actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.
Más adelante, precisamente en abril de 2022, se oficializaron 1450 tropas nuevas para el Plan de Control Territorial. Esto, debido al alza de asesinatos cometidos en el último fin de semana de marzo del mismo año, momento de mayor auge de homicidios reportados desde agosto de 2015.
Por consiguiente, Nayib instó a la Asamblea Legislativa que decretara un régimen de excepción que diera lugar a la suspensión de garantías como el derecho a la defensa, la libertad de asociación y la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones, brindando una ampliación de poderes al Ejército y a la Policía Nacional del país.
Con un amplio respaldo, el estado de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022 y el Plan de control Territorial permitió al presidente anticipar capturas masivas de integrantes de pandillas.
Actualidad
El martes 14 de febrero de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó la decimoprimera ampliación del régimen de excepción vigente en el país desde fines de marzo de 2022, dando lugar a que el país cumpla un año con esta medida instaurada por el Gobierno de Bukele. La petición de prórroga, presentada por Gustavo Villatoro fue aprobada por 67 de 84 votos de los diputados.
En palabras del Ministro:
“la medida terminará hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas”.
Por otro lado, el Presidente solicitó el incremento de la suspensión de garantías constitucionales. Lo cual, amplía de 72hs a 15 días el tiempo de detención preventiva y les brinda a las autoridades la capacidad de intervenir los celulares y correos de quienes consideren sospechosos.
Además de las medidas previamente mencionadas, el gobierno salvadoreño, presentó el 31 de enero de este año el Centro de Confinamiento del Terrorismo – CECOT- que cuenta con una capacidad para 40.000 internos y con ocho gigantescos pabellones, construida como parte de su política beligerante contra las pandillas según la página web de La Nación (2023).
El CECOT, se encuentra dotado de última tecnología, cuenta con cerca electrificada, cámaras infrarrojas y muros de hasta 12 metros de altura (Revista Semana, 2023). Esta cárcel, pretende complementar la lucha de Bukele contra las pandillas con el objetivo de disminuir la criminalidad en el país.
Sin embargo, Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado las medidas tomadas durante el gobierno de Bukele ya que reclaman por abusos y violaciones a los derechos humanos en un Estado que suspende la libertad de asociación y el derecho de una persona de contar con la asistencia de un letrado y a ser debidamente informada de los motivos de su detención.
Guatemala
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las agrupaciones delictivas aparecían de manera ocasional en los diarios guatemaltecos. Las noticias iban dirigidas hacia hurtos, saqueos, demandas de vigilancia y daños a la propiedad. Además, la repercusión de las pandillas era sumamente menor en comparación con la actualidad.
En consecuencia, puntualizar la ruta seguida por las pandillas no es posible dado que se transforman constantemente. Asimismo, la vinculación de la MS-13 y el B-18 con agrupaciones dedicadas al tráfico de narcóticos permitió que las mismas estén presentes en nuevos espacios. En ocasiones, ambas bandas delictivas intervienen en secuestros, tráfico ilegal de armas, drogas, migrantes, etc.
Ahora bien, el ultraderechista Alejandro Giammattei – actual presidente -, un año antes de iniciar su mandato, anunció que una vez en el poder, presentaría un proyecto de ley en el Congreso para declarar grupos terroristas a las maras y pandillas. Así pues, el gobierno de Guatemala ha hecho uso de la retórica alarmista de las agrupaciones, para defender el uso combinado de la policía y el ejército en las tareas de seguridad pública.
En palabras del actual presidente:
“ha llegado el momento de que no se identifique más a Guatemala como un país violento”
Recientemente, el mandatario ha lanzado una advertencia contra los pandilleros durante su discurso en la ceremonia de graduación de 2534 agentes de la Policía Nacional Civil. A lo largo del mismo, declaró que los integrantes de las pandillas deben enfrentar la justicia y tienen que pagar por los crímenes cometidos.
Palabras finales
En palabras de Cruz (2022) para Prensa Libre, la situación referente a las pandillas en Guatemala, no es la misma que en El Salvador. El problema más significativo lo han tenido los salvadoreños ya que las agrupaciones delictivas están presentes en el 80% del territorio nacional. En Guatemala, la presencia es relativamente menor, reduciendo su presencia a la ciudad de Guatemala, al área metropolitana y algunos municipios del suroccidente.
Para el último país mencionado, la presencia más allá de la región metropolitana alcanza a Quetzaltenango y Retalhuleu. No existen, por ejemplo, ni en el norte, ni en el oriente y el altiplano. Además, el problema de las pandillas en Guatemala es meramente urbano, donde los pandilleros están más en el narcomenudeo que en ámbitos de carácter público.
Por otro lado, los planes desplegados por ambos gobiernos si bien lograron una disminución del índice de criminalidad, indirectamente promovieron la transformación de estas agrupaciones delictivas, la ampliación de rutas ilegales, modificación del comportamiento y la captación de nuevos miembros. Los ajusticiamientos internos, las extorsiones y el sicariato, son una clara muestra de los nuevos patrones de conducta violenta a las que han llegado las pandillas.
En definitiva, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 tienen una participación activa en la criminalidad asociada a Guatemala y El Salvador convirtiéndose en actores ilegales que operan por fuera de la ley dejando entrever la débil frontera entre lo lícito y lo ilícito. De esta forma, si bien se reconoce el gran aporte de estas agrupaciones a la violencia actual, también cabe resaltar la participación de otros actores ilegales asociados al crimen organizado con quienes los integrantes de las pandillas mantienen relaciones de cooperación establecidas sobre la base de operaciones comerciales.
Para concluir, el accionar de las pandillas está lejos de considerarse mafia o crimen organizado debido a que los miembros de las mismas, responden a medios y objetivos diferentes a los de la criminalidad organizada tradicional. En este contexto, conviene poner énfasis en las estrategias desplegadas por cada uno de los países centroamericanos, quienes desde un principio y mediante una política beligerante pretendieron combatir a las pandillas. Sin embargo, a mi entender no lograrán contener totalmente al fenómeno violento que encarnan las pandillas, ya que continúan desatendiendo los factores principales que reproducen y generan estas expresiones de violencia juvenil.
Y aunque se advierte el surgimiento de diversas políticas que promueven la atención holística de este fenómeno, se descartan políticas que contemplen de manera integral los factores que inciden en la reproducción de la criminalidad.
