La corrupción en América Latina es un problema que parece endémico y que se ha convertido en un elemento principal de los discursos políticos en los últimos tiempos, pero habría que preguntarse si los ciudadanos la perciben de esta manera, y de hacerlo, están dispuestos a que esto cambie o más bien las poblaciones están resignadas ante este flagelo.
Hay que expresar que no hay país donde no haya corrupción, obviamente con diferentes matices, pero es verdad que en Latinoamérica es un tema que realmente preocupa y del que se habla bastante.
Normalmente se distinguen dos tipos de corrupción. Una pequeña, ejemplificada como el soborno que se le da al policía de turno para que no te multe; y una grande, verbigracia un soborno a un político para que una licitación sea aprobada a detrimento de otros proyectos.
El caso de Odebrecht de 2016, es uno de los hitos más importantes que ha sufrido la región en temas de corrupción, pero no ha sido el único de la región, también destacan los Panama Papers, y otros casos emblemáticos como la corrupción en Venezuela o los Kirchner en Argentina y que origina diferentes coyunturas, como la desestabilización política de Perú producto de la corrupción en la cúpula de poder.
La región no es uniforme en este tema, y hay varios matices importantes, pero en global ¿Ha mejorado Latinoamérica en el tema de la corrupción? ¿importa más? o es simplemente que se visualiza más.
No se puede negar que el tema es importante para el discurso político de los mandatarios, y de hecho, es un gran tema latente que posiciona a ciertos candidatos (así ganó Jair Bolsonaro después del Lava Jato por ejemplo). Además, la opinión pública lo sitúa como un gran tema dentro de la agenda política.
La población lo percibe como un problema o es parte de la cultura
Cabría pensar si la corrupción representa un problema dentro del sentir latinoamericano, o simplemente ya está enraizado dentro de la idiosincrasia de cada persona que piensa que las cosas no van a cambiar.
En este punto hay un aspecto importante sobre el modelaje social que existe en cada uno de los países, es decir, cómo la población adquiere determinados comportamientos mediante la observación de nuevas conductas, en este caso, de los “líderes políticos” o de la convivencia diaria con los organismos de poder.
Un ejemplo claro es de ir a un organismo público y saber que si se le da dinero a un funcionario el trámite saldrá más rápido. En vez de denunciar,se crea un convencionalismo social, donde la práctica se vuelve recurrente. Esto forma entonces parte de la cultura. Afortunadamente, no en todos los países es habitual ver esto.
Para que no ocurra esto, los países con mayor transparencia tienen canales para denunciar estas prácticas y son escuchadas. La denuncia forma parte importante de la cultura cívica. Así, las penas son respetadas y aplicadas, y no hay un grado importante de impunidad. Es por ello que en países como Uruguay o Chile, no es frecuente ver estas prácticas, como sí en Venezuela o Nicaragua.
También encontramos casos tan emblemáticos como México, donde la combinación entre corrupción y crimen organizado es muy evidente y ya forma parte de la “convivencia” ciudadana dentro de estos Estados.
Como vemos, los ciudadanos tienden a adaptarse a la compleja realidad que viven, pero no todo está perdido. Trabajar para establecer instituciones fuertes, penas más severas y así bajar los incentivos para cometer actos corruptos, aunado a la promoción de la denuncia para prevenir estos actos, es la línea que hay que seguir.
A los que aplican esta receta de condiciones les está yendo bien. Esto lo puede demostrar el informe del Índice de percepción de la corrupción de 2021 de Transparencia Internacional, publicado en su página web que se puede visualizar aquí.
En este informe, donde se encuentran 180 países de todo el mundo, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda destacan con los índices más altos, que implica menos corrupción. En el puesto 18 se encuentra Uruguay con 73 puntos, incluso por encima de Francia y Chile en el peldaño 27 junto a Estados Unidos con 67 puntos. España ocupa el puesto 34 junto con Lituania con 61 puestos para ponerlos en perspectiva.
El contraste lo da Venezuela sin duda alguna, que con solo 14 puntos está entre los últimos de la lista, solo superado por Somalia, Siria y Sudán del Sur.
Repolitizando los temas para efectos electorales
Como vemos, la corrupción está presente en todo el mundo y sin duda en Latinoamérica es muy importante, con mayores o menores escalas, pero es un problema común.
De hecho, personajes como Sergio Moro, destacan y son muy bien vistos por la ciudadanía. Este magistrado que se hizo famoso por el Lava Jato en Brasil, adquirió tal reputación por su lucha contra la corrupción, siendo el que condenó a Lula Da Silva. Su popularidad en Brasil fue tal que fue nombrado Brasileño del Año de 2014 por la Revista ISTOÉ y fue el Ministro de Justicia con Jair Bolsonaro desde 2019.
Es importante que se luche contra este flagelo y que las instituciones en los países se fortalezcan. Igual de importante es que los medios de comunicación y la denuncia se hagan escuchar, con periodistas de investigación que sigan sacando “los trapos sucios” y así obligar al status quo a reaccionar.
Y sobre todo, tener una ciudadanía activa, que con su decisión cause efectos electorales, porque si un partido que esté inmerso en corrupción sigue ganando, no hay forma de que cambie la estructura corrompida. Además, consolidar una oposición que asuma la lucha contra la corrupción, pero en América Latina, en la mayoría de los casos destaca que tienden a ser muy débiles frente al poder.
Hacia donde vamos
Uruguay, Chile y Costa Rica están haciendo las cosas bien en este sentido y los demás Estados deben aprender mucho de ellos. Han construido instituciones confiables e independientes, con un control al poder donde la rendición de cuentas esté presente, pero también esa sociedad vigilante, no solo al Estado, sino en empresas y la vida privada.
En la siguiente gráfica elaborada por Infobae sobre el Índice de la lucha contra la corrupción en América Latina del informe, publicado conjuntamente por Control Risks y la Americas Society/Council of the Americas (en este enlace se puede ver el informe), evalúa y clasifica a 15 países de América Latina en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
Pero también hay que ver hacia dónde no hay que ir, y no tiene nada que ver con la ideología que se practique, porque se tiende a pensar que la derecha tradicionalmente es el más férreo contra la lucha de la corrupción, pero no siempre ocurre de esa manera.
Un gran problema que tiene la lucha contra la corrupción es cuando el poder no tiene control y los personalismos se exacerban. Es por eso que aunque países como México y Brasil, que tenían presidentes de ideologías opuestas como Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, se puede evidenciar el retroceso de las instituciones independientes que han sido debilitadas con sus gobiernos. En el informe se destaca como el presidente mexicano, por ejemplo, declaró que plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.
Mientras que en Brasil, en la campaña de Bolsonaro, aparecieron los abusos de la investigación del Lava Jato y en contra del actual ganador de las elecciones, Lula da Silva, lo que denota la extralimitación del poder para resolver conflictos políticos.
¿Dispuestos a protestar?
Como hemos mencionado reiteradamente, la ciudadanía activa es un gran condicionante para que se respete la justicia y se produzca un cambio en la élite para dar respuestas a los malestares de la población.
En el último Latinobarómetro 2021, que se puede encontrar en su sitio web (pinche aquí) se expone que: “La percepción de aumento de la corrupción ha disminuido del 62% en 2016 al 57% en 2020. Sin embargo, persiste muy elevada en muchos países. Chile (73%) encabeza los países que perciben el aumento de la corrupción (sin considerar la dictadura de Venezuela (75%); le siguen Ecuador (72%) y Paraguay y Perú (70%)”.
Pero el contraste es que en promedio, solo el 16% de los latinoamericanos dice que ellos o un pariente han sabido de un acto de corrupción. Entonces hay una percepción mucho más elevada de lo que la realidad presenta. Solo hay un caso, El Salvador, donde más del 50% de los encuestados, en este caso el 54%, dice que hay progreso en la reducción de la corrupción. La media latinoamericana es 29%.
El informe también señala lo dispuesta que están las personas a protestar por el tema de la corrupción, señalando que el promedio es 7.2 de 10 puntos.
El problema está, se percibe, en la agenda pública, en los discursos de campaña electoral, en los medios, pero la verdad es que pocos o muy pocos lo sufren. Esa desconfianza es el talón de Aquiles para que las cosas realmente cambien y se moldee, como dijimos arriba, ese modelaje social.
Lo cierto es que los casos de gran corrupción, son muy evidentes y de mucha trascendencia por el dinero que implica. Seguramente veremos protestas entorno a la corrupción en muchos países en este 2023. Así que, atentos gobernantes de leer realmente los problemas de la gente, porque verán una ciudadanía activa, dispuesta a protestar y a exigir.
