Ser latinoamericano significa vivir constantemente con miedo y preocupaciones a consecuencia de la violencia, la desigualdad, la pobreza, la corrupción y gobiernos autoritarios. Es una constante que se vive a lo ancho y largo del territorio. Es algo que lamentablemente nos une a todos los que habitamos este continente.
Tres hechos acontecidos durante estos días ponen de manifiesto este sentimiento de dolor y hartazgo.
Colombia
La reforma tributaria del presidente Iván Duque que presentó al congreso para aumentar los impuestos de algunos productos y servicios básicos provocó una fuerte ola de protestas. Éstas fueron enfrentadas violentamente por militares debido a actos vandálicos que dejaron un saldo de veintiún muertos y ochocientos cuarenta y seis heridos.
La justificación de la presencia militar fue respaldada por del ministro de Defensa, Diego Molano. A pesar de que Colombia enfrenta una amenaza terrorista en la que disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están detrás de los actos violentos de las manifestaciones, el uso de la fuerza contra civiles resulta inadmisible.
Los colombianos, que buscan cambios en su modelo socioeconómico, pueden estar orgullosos de que su movimiento fue escuchado. El domingo, Duque pidió retirar la reforma debido al fuerte descontento social. El lunes uno de los principales responsables de la reforma, el ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla renunció a su cargo.
El descontento de la sociedad era válido por la crisis económica. La reforma ampliaba la base tributaria y el cobro del IVA del 19% a los servicios públicos, cobraba impuesto a la renta a personas que ganan mensualmente un sueldo de más de seiscientos sesenta y tres dólares cuando el salario mínimo es de doscientos treinta y cuatro dólares y buscaba recaudar seis mil doscientos noventa y cuatro millones de dólares para sanear las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales.
Aunque, el país cafetalero requiere necesaria y urgentemente una medida hacendaria ya que está endeudado a consecuencia del COVID-19.
Pese a lo obtenido, el denominado Paro Nacional demanda tres cuestiones que son fundamentales para la estabilidad social de Colombia como lo son: una economía más igualitaria que luche contra el clientelismo, la desigualdad y la pobreza. Una reforma a la policía, debido a la violencia de la fuerza pública, que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), encargado de reprimir las protestas. E implementar el acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC en 2016. Estas intenciones, de la misma forma que la reforma, requieren ser atendidas con prontitud por Iván Duque si es que está interesado en calmar la agitación social.
La administración de Duque tiene que aprender la lección y tomar en consideración a la población en la siguiente propuesta de reforma. En el futuro, las decisiones tendrán que surgir desde la democracia, el consenso y las peticiones del pueblo en pro del bienestar de la población.
Aunado a esto, Colombia tendrá que implementar profundas reformas que aborden las demandas sociales. Y, sobre todo, que superen el uso de la violencia militar como mecanismo de control ante manifestaciones. Es intolerable que el gobierno utilice la misma estrategia empleada durante las guerrillas para controlar las protestas. Ello implica superar su pasado y olvidar el discurso guerrerista en beneficio de los colombianos.
el salvador
La nueva Asamblea Legislativa, a manos de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, destituyó a los jueces titulares y a los suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además de al fiscal general Raúl Melara, en su primera sesión, atentando contra la joven y frágil democracia de El Salvador.
Tras las elecciones del pasado primero de marzo, en las que el partido del actual mandatario ganó más de dos tercios del Congreso -56 de 84 diputaciones-. Bukele aseguró el control de los tres órdenes de gobierno (ejecutivo, legislativo, judicial) sin contrapesos.
El pretexto para la anulación de poderes, carente de veracidad, se produjo debido a que, según los congresistas, los magistrados actuaron contra la Constitución al poner en peligro a la población por frenar algunas leyes de emergencia contra la pandemia. Argumentan que pusieron sus propios intereses encima de la salud y la vida de los salvadoreños.
Con respecto al fiscal, los asambleístas señalaron que se debió su destitución por sus vínculos con la opositora Alianza Republicana Nacionalista, que pusieron a prueba sus facultades para ejercer la justicia.
Con esta determinación del congreso, Nayib Bukele ratifica su poder absoluto. También demuestra sus intenciones de gobernar con autoritarismo al debilitar las instituciones de El Salvador. Las instancias judiciales afectadas habían emitido veredictos contrarios a las políticas del mandatario.
Aunque la medida esté apegada al derecho, puesto que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están elegidos por la Asamblea y la misma Asamblea los puede destituir (de la misma forma que ocurre con el fiscal), solo basta el voto favorable de, por lo menos, dos tercios de los diputados.
Es cuestionable al carecer de transparencia y provoca que se señale a Nayib Bukele como un dictador, ya que atenta contra la independencia de poderes. Aunque éste lo justifique como la “limpieza de su casa”.
Es inquietante la situación El Salvador. Este país está gobernado por un joven presidente con tendencias autoritarias. Véase el “Bukelazo”. Es decir, la entrada de Buekele a la Asamblea Legislativa acompañado de militares para presionar al congreso de que aprobara su plan de seguridad, el desacato a la resolución de la Corte Suprema por considerar arbitrarias las detenciones de los salvadoreños que incumplían la cuarentena y eran llevados a centros de contención o la medida de juntar a pandilleros rivales en las mismas celdas.
El presidente ha acumulado demasiado poder. Y bajo el discurso de acabar con la corrupción y los privilegios, está atentado la democracia al debilitar las instituciones.
Lo peor de la situación es que falta una oposición. Y, además, que Bukele cuenta con la aprobación de los salvadoreños y el control absoluto de los poderes para hacer lo que quiera con El Salvador.
méxico
Gracias a la corrupción por la construcción la línea doce del metro de la Ciudad de México (CDMX), al menos veinticuatro personas fallecieron. Y setenta y nueve resultaron heridas tras desplomarse el tren en una de las vías de la llamada “línea dorada”.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, prometió justicia. Pero resulta inimaginable que vaya contra los responsables.
Algunos de ellos forman parte de su gabinete, como el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien cuando era jefe de gobierno de la CDMX inició e inauguró la obra en 2012. O Mario Delgado, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de AMLO.
Desde su construcción, la línea estuvo llena de señalamientos por fallas de planeación, diseño y construcción. La línea, que comprende veintitrés kilómetros, costó más del presupuesto inicial. De diecisiete mil quinientos millones de pesos pasó a costar veintiséis mil millones de pesos.
En 2014, la línea cerró once de veinte estaciones para atender desgastes en las vías y fallas sistémicas.
La obra realizada por las empresas mexicanas Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Grupo Carso, junto con la francesa Alstom, nació con problemas endémicos. Además, se sabía que a consecuencia de ello requería mantenimiento permanente.
En 2017, el Tribunal Superior de Justicia Local le dio una sentencia de dos mil cien millones de pesos al consorcio de empresas constructoras por retrasos, incumplimiento de trabajos, daños y perjuicios en la construcción.
Después del sismo del 2017, la línea doce se encontraba deteriorada. Pese a las obras de reparación, los daños persistieron en las columnas y elementos base de la obra. Todos estos desperfectos fueron ignorados por la actual jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, del partido Morena.
Una tragedia que seguramente pasará desapercibida por la Cuarta Transformación. Esta agenda tiene otras prioridades como ha quedado comprobado durante este periodo a consecuencia del manejo de la pandemia.
Esperemos que estos eventos no ocurran en los grandes proyectos de infraestructura del López Obrador como lo son el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.
Por ahora, a falta de culpables, es día de luto nacional. La bandera se iza a medio asta en reflejo a la tristeza que los mexicanos sentimos por la corrupción que gobierna al país desde hace mucho tiempo. Y que pese a las promesas, seguirá existiendo.
Con resignación, el latinoamericano se levanta cada mañana. Sabedor de que por más que trabaje nunca podrá cambiar la situación de su respectivo país. El pueblo latinoamericano debe solidarizarse con sus connacionales para enfrentar sus difíciles situaciones sociales. Ojalá pronto podamos escribir sobre mejores historias de nuestras civilizaciones.
