El pasado 7 de diciembre, el hasta entonces presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, fue destituido de su cargo por el Congreso y detenido por la policía tras intentar un autogolpe de Estado. Después, el parlamento eligió a la vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta del país. Se originaba así, una crisis institucional en el país latinoamericano que perdura hasta el día de hoy.
EL PROCESO de vacancia
En primer lugar, es necesario señalar que a lo largo de este texto vamos a utilizar la palabra vacancia, un término jurídico peruano que carece de significado en castellano. Es necesario pues, establecer, una relación entre este vocablo del sistema constitucional peruano con alguno próximo, en cuanto a significado, del sistema español.
En este sentido, encontramos una cierta simetría entre esta expresión jurídica peruana con la de “Moción de Censura” del castellano, que el Diccionario panhispánico del español jurídico la define como: “propuesta presentada y debatida en el Parlamento o Cortes a efectos de exigir la responsabilidad política del Gobierno. La moción de censura constructiva debe incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Dicho esto, es necesario recalcar, para mayor aclaración del lector, que nos referiremos a este concepto del español, cuando hagamos alusión a la palabra “Vacancia” en este texto. (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2023).
En un contexto de desconfianza entre el Congreso peruano y su presidente, Pedro Castillo, se enfrentaba el 7 de diciembre del 2022 a un “impeachment” o moción de censura. En aplicación del artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política de Perú, el poder legislativo votaba un proceso de “Vacancia” hacia Pedro Castillo. Es decir, el Congreso votaba la pérdida de confianza en el presidente y la retirada de este de la presidencia por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Por otro lado, encontramos que esta situación ya se repitió en varias ocasiones a lo largo de su legislatura, concretamente en el 2021, por una supuesta implicación del expresidente en el nombramiento de personajes cuestionados y por estar involucrado en casos de corrupción; otra, que nos sitúa en marzo de 2022, motivada por unas presuntas contradicciones cometidas por Castillo en una investigación fiscal que se le realizó, así como, nuevamente, viéndose involucrado en un presunto caso de corrupción, más concretamente en la trama “Puente Tarata”. El último, tuvo lugar en diciembre del 2022, precedido nuevamente por una involucración de Castillo en casos de corrupción.
El Autogolpe
Inicialmente, la votación del proceso de “Vacancia”, debía producirse el miércoles 7 de diciembre, pero Castillo sorprendió al país con un comunicado a la nación. Utilizando un primer plano de cámara, el expresidente, se dirigió a la ciudadanía acusando a una mayoría dentro del legislativo de llevar 16 meses con una agenda de desgaste hacia su gobierno con el único objetivo de: “la vacancia presidencial, la suspensión, acusación presidencial o la renuncia a cualquier precio” del presidente (Castillo, 2022). En otras palabras, el exmandatario les culpaba directamente, de llevar a cabo acciones de boicot hacia él, buscando su destitución a toda costa. Por otra parte, indica que este órgano legislativo no soporta ver como un líder de origen campesino puede llegar a presidir un país representando los intereses de los más vulnerables, acusándoles directamente de “representar los intereses de los grandes monopolios y oligopolios” (Castillo, 2022).
Al mismo tiempo, según desarrolla su discurso, el expresidente expone las diferentes acciones que el Congreso ha llevado a cabo hacía su persona: Una primera, haciendo referencia a los anteriores intentos de procesamiento sufridos con anterioridad por traición con argumentos “insostenibles y absurdos” (Castillo, 2022); una segunda, en donde matiza que las pruebas sobre las que se sostienen las acusaciones contra él, son producto de las calumnias creadas por los medios de comunicación; una tercera, donde responsabiliza al Congreso de crear una “dictadura congresal” (Castillo, 2022), que ha impedido el desarrollo de su gobierno y que ha utilizado la “Vacancia” presidencial como un mecanismo de control político del poder legislativo sobre el ejecutivo.
Para finalizar, y a modo de conclusión, Castillo expone las medidas que implementará. La primera, la disolución temporal del gobierno por uno de emergencia excepcional; la segunda, el anuncio la convocatoria de elecciones a un nuevo Congreso con facultades constituyentes, con el objetivo de elaborar una nueva Constitución en un plazo de 9 meses; la tercera, el gobierno del nación a través de la fórmula “Decreto Ley”; la cuarta, la promulgación del toque de queda en el país entre las 22:00 pm y las 4:00 am. ; la quinta, la reorganización del sistema de justicia peruano.
Cobertura en medios
Cabe destacar, que es esta última parte de su discurso la que más calado ha tenido en la opinión pública y en la que han puesto todos los focos los medios de comunicación. Ejemplo de ello es que la gran mayoría de sus titulares han hecho hincapié en dos medidas: en la que hace referencia a la sustitución del actual Congreso por uno constituyente y en el anuncio de un toque de queda en el país. Prueba de ello lo encontramos en los titulares utilizados por los tres medios de comunicación con más alcance semanal en el país. Aquí podemos encontrar el titular de América Noticias: Pedro Castillo anuncia el cierre del Congreso. Podemos observar como este medio encabeza la noticia del discurso de Castillo acompañándola de un pequeño corte del vídeo del mensaje, en el que se da prioridad, únicamente, a esa medida, obviándose los otros aspectos que también son de relevancia en su discurso, como por ejemplo, las causas que motivaron al exmandatario a tomar dichas medidas.
¿Qué tratamiento mediático ha sufrido Pedro Castillo?
El CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) realizó un informe en el que se analizaba cómo habían tratado la figura mediática de Pedro Castillo los principales medios de comunicación del país, concretamente, dos medios tradicionales en papel de tirada nacional, como lo son, El Comercio y La República. En el informe titulado: Pedro Castillo en los medios (Robles & Ester, 2022) se toman de referencia tres indicadores a tener en cuenta en el análisis: el IPM (Índice de Presencia Mediática), el GNT (Grado de Negatividad del Titular) y el NP (Nube de Palabras) usadas en titulares.
Para empezar, podemos llegar a observar una presencia mediática del expresidente alta y constante en ambos medios. Si atendemos al gráfico 2, podemos ver que las cotas más altas de exposición se sitúan en agosto del 2022, con un 84% de presencia mediática del exmandatario en El Comercio y en un 97% en La República. En este punto merece la pena resaltar, que este pico de presencia de Castillo se produce dos meses después de llevar a cabo la reforma de la pauta publicitaria, según la cual, se modifica la ley que regula el gasto en publicidad estatal en los medios de comunicación privados.
Por otra parte, otro dato que nos llama la atención en el informe es el promedio de negatividad en los titulares de ambos diarios hacia la figura de Castillo, rozando el 79% en ambos casos Prueba de ello lo representan titulares como “Pedro Castillo fue declarado «enemigo de la libertad de expresión y prensa»” (El Comercio, 31 de octubre); o “Fiscalía investigará a los asesores de Castillo por crimen organizado” (La República, 12 de marzo).
Por consiguiente, podemos decir que existe una implicación de los grandes medios de comunicación peruanos en la imagen de Pedro Castillo, quienes han favorecido la construcción de un marco mental negativo en la opinión pública hacia el expresidente. Por un lado, encontramos como estos han mantenido el foco centrado en él continuamente, desde el día de su investidura y, siempre, utilizando titulares con mensajes negativos que evocan en la población un sentimiento de desaprobación y negatividad hacia su figura. Esto se ve con más claridad si nos fijamos en cómo ha evolucionado la popularidad de Castillo a lo largo de su legislatura. Si atendemos al gráfico 3, podemos observar un “Estudio de opinión pública” realizado por la empresa Datum en noviembre de 2022, como Castillo comenzó la legislatura con un 41% de desaprobación entre la población peruana y como a un mes de producirse el autogolpe de Estado, ese sentimiento se había incrementado el doble, hasta situarse en un 69%. Merece la pena subrayar que se da el mismo tratamiento de su presencia en los medios, ya que como se puede observar en el gráfico 2, aumentó a lo largo del 2022 tanto en La República y el Comercio, pasando de un 64% y 55% en enero de ese año, hasta el 81% y 59% respectivamente en diciembre del mismo año.
De la misma forma podemos establecer otra correlación de comportamientos en ambas gráficas. Y es que, en las dos, Castillo alcanza sus niveles máximos de desaprobación ciudadana en un mismo periodo temporal, concretamente en agosto del 2022. En este periodo, podemos observar cómo un 76% de la población peruana desaprobaba al expresidente, coincidiendo, además, con el periodo en el que tanto La República como el Comercio, elevaron la presencia mediática del exmandatario en sus portadas en hasta un 97% y 84% respectivamente.
Han pasado ya cuatro meses desde la destitución de Castillo y a día de hoy el país sigue inmerso en una crisis institucional y política, con manifestaciones duramente reprimidas por las autoridades, en las que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado las prácticas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su sustitución por Dina Baluarte no ha conseguido estabilizar la situación y cada día se suceden los disturbios y las protestas, sobre todo en los entornos más rurales del país, en donde, Castillo tenía un gran apoyo. Es difícil probar que haya habido un boicot claro contra el expresidente, una conspiración para echarle del poder, por parte de los poderes económicos del país, como dijo él mismo cuándo se dirijo a la nación el pasado 7 de diciembre, pero lo que sí se puede comprobar es una persecución mediática hacia su persona y que ha podido influir, en gran medida, en el sentimiento de una parte de la opinión pública, tanto en el país como en el panorama internacional.
Por otra parte, no podemos olvidar que el uso de la herramienta constitucional de “la incapacidad moral” es un condicionante negativo en la estabilidad política del país y en la que es necesario establecer límites. Conclusión a la que han llegado expertos en Derechos Fundamentales, Procesos Constitucionales y Jurisdicción Constitucional y Partidos Políticos, como por ejemplo Melissa Yanireth y Edson Vladimir:
“Existe la necesidad de establecer los límites a la incapacidad moral como parte de la estabilidad política en el Perú, ya que, que como se ha visto actualmente, es una herramienta que se está utilizando como un condicionador para el poder ejecutivo, sin que se haga una interpretación idónea, ello genera una repercusión negativa en la economía y la sociedad”. (Castro Atto & Seminario Raymundo, 2022)
