La invasión rusa de Ucrania cumple ya tres meses y las imágenes de violencia nos llegan con tanta frecuencia que la destrucción se ha convertido en el ruido de fondo de nuestra cotidianidad. Entre más se alarga el conflicto —esta es una historia que se repite— más se recrudece, más muertes se causan, más crueldad se activa en la mente de los estrategas militares y de los mismos combatientes. El recrudecimiento de los conflictos bélicos siempre lleva a la comisión de crímenes de guerra.
Suena hasta extraño que en una cosa tan inhumana y violenta como la guerra se pueda distinguir entre acciones legales y crímenes de guerra. El derecho internacional humanitario (DIH) ha sido creado para que, asumiendo la existencia de la guerra en nuestro mundo y en el modus operandi de muchos estados para resolver las controversias internacionales, la población civil sea protegida lo más posible. Los crímenes de guerra han sido codificados en los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, y posteriormente recogidos en el Estatuto de Roma que funda la Corte Penal Internacional, el tribunal competente en juzgar este tipo de crímenes internacionales (para ser precisos, los crímenes internacionales se distinguen en crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión y de genocidio), cuando el estado donde se cometan no pueda o no quiera llevar a cabo las investigaciones y los juicios relativos. Los crímenes de guerra son todas esas acciones bélicas que suponen un ataque indiscriminado hacia la población civil, que no debería ser involucrada en los combates.
El derecho internacional humanitario defiende la humanidad en la guerra, es decir protege a todos los que no tienen un papel en ella: tanto la población civil como la naturaleza, las infraestructuras civiles, el patrimonio histórico y cultural. Su principio fundador, de hecho, es el principio de distinción, entre lo militar, que hace la guerra, y lo civil que no hace la guerra y no tiene por qué padecerla. La comparación con la realidad de las guerras nos lleva a pensar que el DIH es nada más que papel mojado, pues los civiles son los que más sufren la guerra y sus consecuencias a largo plazo. Sin embargo, la existencia de sus leyes y principios, aunque constantemente violados, abre campo a la posibilidad de judicialización de los delitos y de los responsables y la reparación de las víctimas.
Gracias a los testimonios de la ciudadanía ucraniana, de periodistas e investigadores, están saliendo a la luz casos de graves violaciones de derechos humanos y del DIH perpetrados por las fuerzas armadas rusas en el territorio ocupado. También han salido a la luz pruebas de violaciones del DIH por parte del ejército ucraniano en lo que concierne al tratamiento de los prisioneros de guerra, cuya dignidad es protegida por los Convenios de Ginebra.
Empezando por el comienzo, la invasión de Ucrania ya constituye un crimen internacional, el crimen de agresión. Porque aunque suene raro, hay guerra legal y guerra ilegal: la primera es la autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la guerra que se desprende para defenderse de un ataque, la ilegal es todo lo demás. Por ende, la invasión de un estado soberano es un crimen de agresión.
Durante el desarrollo del conflicto en Ucrania hemos visto repetidas acciones que se pueden identificar como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han sido las primeras en alertar la comisión de crímenes por parte de Rusia y recoger testimonios que son piezas de un puzle muy asustador.
La OSCE, Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, también publicó en abril un informe largo y detallado que documenta infracciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario en el conflicto ruso-ucraniano cometidas por ambos lados.
Bajo los ojos de todo el mundo se están perpetrando ataques indiscriminados a la población civil, consistentes bien en ejecuciones extrajudiciales (es decir homicidios de personas desarmadas, no militares, sin ningún debido proceso ni garantías), bien en bombardeos de edificios residenciales sin pruebas que allí se escondieran miembros o voluntarios del ejercito ucraniano. A finales de marzo la OMS alertaba sobre el gran número de ataques a hospitales civiles y en la ciudad de Mariupol se atacó hasta un hospital materno infantil causando centenares de víctimas. También han sido bombardeadas escuelas infantiles.
Han sido atacados edificios e infraestructuras que estaban sirviendo como refugio antiaéreo para civiles. Se ha podido ver en el bombardeo del teatro de Mariupol y también con el ataque a la estación de trenes de Kramatorsk, donde se encontraban decenas de personas tratando de salir del país para buscar un refugio seguro.
La Federación internacional por los derechos humanos ha documentado el desplazamiento forzado de ciudadanos ucranianos, desde Mariupol, Sumy, Jarkov y también desde las “repúblicas independientes” de Donetsk y Lugansk, a ciudades aisladas de Rusia, pasando antes por “campos de filtración” donde son interrogados por los militares rusos. Estos traslados, negados por Rusia y a veces disfrazados de corredores humanitarios, constituyen también un crimen.
Amnistía Internacional ha publicado una investigación sobre los crímenes cometidos en la región de Kiev, con la ciudad de Bucha como epicentro de la barbarie, salidos a la luz después de la retirada de las fuerzas invasoras a finales del mes de marzo, que se basan en los desgarradores testimonios de civiles que han sobrevivido a los ataques feroces y las ejecuciones extrajudiciales que han matado a amigos y familiares desarmados.
Incluso desde el Donbas, zona de influencia rusa donde se ubican las dos repúblicas independientes y rusófonos de Donetsk y Lugansk, llegan imágenes de casas y escuelas destruidas.
Numerosos testimonios de mujeres relatan haber sufrido violencia por parte de soldados rusos, acoso, y otros abusos sexuales confirmando el uso de la violencia de género como un arma de guerra más. Todo apunta a que, con el paso del tiempo, aumentarán las denuncias. Al parecer, también hombres y niños habrían sufrido abusos sexuales. La violencia contra las mujeres adquiere en los conflictos armados una dimensión aun más cruel, por lo que simboliza el cuerpo femenino en una situación de invasión, guerra y conquista, un arma de guerra y de destrucción de la dignidad. Un patrón histórico, y poco estudiado hasta hace unas décadas, de los conflictos armados internos e internacionales.
Otra violación del derecho internacional en este conflicto lo configura el uso de armas prohibidas por convenios internacionales. Rusia y Ucrania no son parte de todos los tratados que a nivel internacional se han firmado en este ámbito, pero sí son parte de los convenios básicos que imponen un uso de los armamentos basado en los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad.
Human Rights Watch, entre otras voces, ha denunciado el uso de bombas de racimo (prohibidas por una Convención del año 2008 que ni Rusia ni Ucrania han firmado), cuyo uso contra la población civil es una violación del DIH. En estos últimos días es cada vez más evidente la posibilidad de que el ejército ruso esté utilizando bombas de fósforo blanco en el asedio de la acería Azovstal en Mariupol, en la cual se encontrarían militares ucranianos y civiles. El uso de bombas de fósforo blanco no está explícitamente prohibido por la Convención sobre armas químicas en vigor desde 1997 (de la que Rusia es parte) pero su uso se supone prohibido en ataques contra la población civil o en áreas civiles debido a las atroces consecuencias de su impacto.
El listado de crímenes y violaciones hasta aquí esbozado nos sugeriría la completa inutilidad del derecho internacional y de las reglas de la guerra: ¿para qué sirven si nadie las respeta? Como ya se ha mencionado, aunque el paisaje es desolador y el conflicto no parece haber llegado a ningún punto que pueda alimentar esperanzas de cese al fuego, las reglas violadas son “útiles” en cuanto instrumentos para poder esclarecer hechos, buscar documentos o recoger testimonios que si no conducen a condenas, pueden al menos hacer verdad y justicia para llevar algo de consuelo a las víctimas sobrevivientes.
Se ha hablado mucho del papel que podría desempeñar la Corte Penal Internacional en este asunto. Cabe recordar que las partes involucradas en el conflicto no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma que es base de la CPI, es decir, que no han aceptado la facultad de la corte de investigar sobre hechos cometidos por ellos o en su territorio presuntamente reconocibles a los cuatro crímenes de jurisdicción del tribunal internacional. Este elemento nos debería hacer reflexionar sobre la falacia del orden internacional cuando hasta en asuntos tan esenciales permite a los Estados, obedeciendo a su soberanía, no aceptar ser juzgado y estar por encima de la ley. No es casualidad que ni Rusia ni Estados Unidos hayan ratificado el Estatuto de Roma.
Sin embargo, la actividad investigativa del Tribunal puede ser activada también por solicitud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por solicitud del país que no ha aceptado la jurisdicción pero que asume no poder llevar a cabo a través de su aparato jurisdiccional, investigaciones exhaustivas sobre hechos específicos que constituyen presuntamente crímenes de guerra. Esto ha sido el caso de Ucrania que, sin ser parte de la CPI, en 2014 y luego en 2015 solicitó la intervención de la Corte para el esclarecimiento de crímenes internacionales que hubieran tenido lugar, respectivamente, en las matanzas del Maidán y en la anexión de Crimea. Bajo este mismo mandato, y gracias a la solicitud de más de 40 estados partes, la CPI ya se encuentra en Ucrania adelantando investigaciones para buscar evidencias de los crímenes de guerra hasta ahora mencionados. El resultado de su labor será fundamental para poder entender las brutales dinámicas de este conflicto que sigue causando muerte y destrucción. Como remarcó el jurista Carlos Castresana en una entrevista con Amnistía Internacional, el problema de la labor de la Corte podría ser no tanto buscar evidencias e identificar responsabilidades individuales y de los altos mandos, sino la entrega de estos responsables de crímenes de guerra que no pueden ser condenados en ausencia, según lo dispuesto por el Estatuto de Roma. Esta es la razón por la cual muchas voces han pedido la creación de un tribunal ad hoc, como el de Nuremberg o Sierra Leona, que pueda juzgar los crímenes y también condenar los responsables, así como la reactivación de algo tan importante que es la jurisdicción universal, es decir, la capacidad de cualquier Estado de poder juzgar crímenes internacionales independientemente del lugar de procedencia del responsable y de comisión de los hechos.
Mientras tanto, hace unos días se celebró en un tribunal ucraniano el primer juicio contra un militar ruso por el asesinato de un civil ucraniano desarmado. Una importancia más simbólica que real si consideramos la complejidad que supone para los entes investigadores ucranianos llevar a cabo indagaciones en un teatro de guerra vivo y en el que son partes en conflicto.
No sabemos ahora cómo terminará todo esto y si los responsables de los crímenes serán procesados y condenados. La única manera de parar el conflicto es una voluntad política internacional que empuje a los países beligerantes a sentarse a negociar y poder transformar la sangre y la barbarie en un diálogo político transparente y orientado a la consecución de una paz estable.
A pesar de su constante vulneración, el Derecho internacional humanitario nos recuerda que hay límites que no se pueden superar y la dignidad humana debe ser preservada hasta en situaciones tan crueles como las guerras. Por ende, la acción del derecho internacional debe ser contundente así como ejemplar, y sobre todo aportar algo de verdad, justicia y reparación a sobrevivientes y víctimas, y esto es ya un paso hacia la paz.
