Las elecciones legislativas del pasado diciembre (2021) parecen constatar el final de una era. Los primeros comicios celebrados tras la reforma electoral de marzo, aprobada en plena pandemia de coronavirus, han resultado ser un plebiscito ‘sólo para patriotas’. Starry Lee, de la Alianza Democrática para el Progreso (ADP), obtuvo el 51,4% de los votos en una jornada en la que la abstención fue la única protagonista. Sólo los partidos pro-Pekín participaron ante el boicot de una oposición que consideraba verse abocada a jugar una partida con los naipes marcados. En consecuencia, tan sólo el 30,2% de los ciudadanos depositaron sus papeletas en unas urnas que, para muchos, suponen el clavo definitivo en el ataúd de la doctrina ‘un país, dos sistemas’.
Para entender el resultado, basta con un dato: bajo el nuevo sistema, 153 candidatos competían por 90 escaños, de los cuales sólo 20 se cubrían mediante el voto directo de los electores. El contraste es claro si lo comparamos con las últimas elecciones celebradas previo a la reforma (noviembre de 2019), en las cuales se registró una participación del 71,2%. Y eso que, por entonces, lo que se elegía era a los jefes de distrito. Un plebiscito menor, celebrado en medio de la mayor oleada de protestas que la ciudad haya conocido, y en la que los candidatos de los bloques democráticos se alzaron con la victoria.

Quien visite Hong Kong hoy, después de haberlo hecho tiempo atrás, encontrará cambios por doquier. En las abigarradas calles de la metrópoli, donde la puesta de sol parece arrancar a media tarde entre los interminables edificios, el paisaje ha mutado. El mandarín ha ido ganando terreno respecto al cantonés, y en las librerías y estancos de la ciudad es cada vez más complicado encontrar prensa en inglés. La poca que hay, salvo raras excepciones, suele volcarse en alabar la influencia de Pekín en el mundo, dejando cada vez menos lugar para la divergencia.
Un amplio sector de la sociedad considera que, desde el cambio de soberanía, las continuas reformas del sistema electoral y judicial están preparando a Hong Kong para ser fagocitada. Del proceso de digestión, emergerá convertida en una ciudad china más. Para otros, por el contrario, Pekín tan sólo trabaja por deshacer la anomalía histórica que supuso la pérdida del territorio ante el Reino Unido tras las dos Guerras del Opio.
¿complicado de entender? resumámoslo
Desde la devolución de Hong Kong a China, el 1 de julio de 1997, el territorio ha venido gozando de un régimen especial de autonomía que le convierte en poco menos que un estado dentro de la República Popular. Las cláusulas acordadas en la ‘Declaración Conjunta’ de 1984, entre británicos y chinos, aseguraban un período de cincuenta años de autonomía, en los cuales Hong Kong mantendría sus propias instituciones, partidos políticos, moneda, aduanas, pasaportes, comité olímpico y elecciones democráticas periódicas. Por su parte, la autoridad de Pekín tendría unas competencias limitadas, encargándose de la defensa militar del territorio, de la matriculación de aeronaves y navíos, así como de las relaciones exteriores. Pero, ¿qué sucedería transcurrido ese tiempo?
Durante los primeros años, los sectores liberales albergaron esperanzas de que Hong Kong pudiera ser la llama que prendiera la mecha de la democracia en toda China, influenciando a una nueva generación de jóvenes urbanitas más expuestos a las ideas llegadas del exterior. La presidencia de Hu Jintao (2003-2013), a menudo definido como lo más parecido a un socialdemócrata que el PCC podía ofrecer, ayudó a generar expectativas. Y, en consecuencia, entre 1997 y 2010, Hong Kong vivió el período de mayor independencia y plenitud democrática de su historia.

Pero Pekín sólo miraba el reloj. A medida que la economía y niveles de desarrollo de la RPC se disparaban, el PCC constató que progreso y bienestar no tenían por qué ir necesariamente de la mano de una apertura política. Si ese modelo era suficiente para contentar al grueso de sus ciudadanos, ¿por qué los hongkoneses debían ser diferentes? Una continuidad política asegura que la agenda desarrollista a largo plazo de la República Popular pueda permanecer inalterada. Por el contrario, la inestabilidad que un cambio de gobierno (mediante elecciones repetidas) pueda traer es percibida realmente como una amenaza por las autoridades chinas. La convicción de que tamaña “lógica” se acabaría imponiendo con el tiempo cobró fuerza tras la crisis de 2008, con China preparada para convertirse en la mayor economía del planeta, al tiempo que Occidente certificaba su quiebra, tanto económica como moral.
protestas en las calles: ¿por qué ahora?
En el fondo, los cambios legislativos y las revueltas atestiguan una mutua decepción. Por un lado, los hongkoneses han visto que su modelo no bastaba para cambiar China. Por otro, el PCC ha constatado que Hong Kong es un hueso más duro de roer de lo que parecía en un principio.
En abril de 1990, la ‘Ley Básica de Hong Kong’ fue aprobada por el Congreso Nacional de la República Popular. El texto debía garantizar el estatus autónomo del territorio tras su devolución. Sin embargo, no todas las cláusulas de la ley han sido aplicadas de manera clara.
Pekín se encargó de tener la última palabra en la elección del jefe del Ejecutivo local, a pesar de que los Artículos 45 y 68 garantizan que la elección del mismo se haga mediante sufragio directo. En 2014, las autoridades locales y centrales iniciaron una ronda de debates para garantizar tal derecho de cara a las elecciones de 2017. Pero en el 12º Congreso Nacional del Partido Comunista (PCC), celebrado aquel verano, Pekín dejó claro que sólo toleraría la concurrencia de candidatos ‘patrióticos y leales’. En consecuencia, se estima que más de un millón y medio de hongkoneses participaron en las manifestaciones de otoño de ese año, comúnmente conocidas como la ‘Revolución de los Paraguas’.
En junio de 2015 el Consejo Legislativo de Hong Kong rechazó la reforma electoral por 28 votos a 8, congelando el sistema de elección del líder del Ejecutivo. Ello suponía que, de una población de 7,5millones de habitantes, unos 1.200 representantes estarían encargados, con el beneplácito de Pekín, de nombrar al jefe del gobierno local. En manos de los hongkoneses quedaba elegir a tan solo la mitad de esos representantes, 777 de los cuales votaron, en marzo de 2017, por Carrie Lam.

Desde entonces, la pluralidad en las instituciones viene siendo consistentemente minada. La aprobación de la ‘Ley de Extradición’ de 2019 (mediante la cual un hongkonés puede ser arrestado y extraditado a la China continental para responder ante la justicia de la República Popular), dio lugar a una oleada de manifestaciones que se extiende hasta la actualidad y en las que, en algunos casos, se han concentrado más de dos millones de asistentes. Como respuesta, las autoridades centrales lograron sacar adelante una nueva ley de seguridad, en 2020, mediante la cual cualquier proclama o acción subversiva puede considerarse delito de sedición. La dimisión en bloque de todos los diputados opositores a Pekín (33 de los cuales han sido arrestados y varios han huido al extranjero) no ayudó a frenar la preminencia de los partidos ‘lealistas’ en unas legislativas que estaban ya adulteradas en base a la reforma electoral de 2021. Y es que, si bien el número de escaños del parlamento regional ha aumentado de 70 a 90, el elegido por sufragio universal se ha reducido de 35 a 20.
la democracia en hong kong nunca fue real, tampoco antes de 1997
En los 156 años en los que la Union Jack ondeó sobre el territorio (1841-1997), Londres nombró a todos y cada uno de los gobernadores a dedo, enviándolos a servir en la colonia por períodos de tiempo indefinidos. No fue hasta la década de los ochenta, apenas quince años antes de la devolución, que las autoridades británicas se preocuparon por dotar de ciertas competencias democráticas a la ciudadanía, e incluso tamaña empresa se hizo para satisfacer los intereses de la metrópoli.
Es más, algunas de las manifestaciones más importantes en la historia del territorio tuvieron lugar durante el período colonial. En 1966 y 1967 miles de personas se echaron a las calles para mostrar su descontento ante la subida del 25% del precio del ferry entre Kowloon y la isla Victoria. En una época en que ni el metro ni el túnel subterráneo habían sido construidos, el ferry era la única vía de comunicación entre sendas orillas de la bahía, siendo su uso diario obligado para millares de ciudadanos. Cuando las revueltas degeneraron en disturbios, Londres envió a sus tropas, bayonetas caladas, a restablecer el orden. Se efectuaron más de 3.000 detenciones y el conteo oficial de víctimas fue de 22 personas muertas por la policía y el ejército coloniales, a las que se sumarían otras 15 muertas en atentados terroristas cometidos por organizaciones filocomunistas y saboteadores.

En 1982, y con el orgullo patrio revigorizado tras el éxito en Malvinas, Londres trató de presionar para prorrogar el arrendamiento del territorio. Pekín se negó en redondo, y las autoridades británicas iniciaron entonces una tímida reforma para garantizar derechos electorales a nivel local a los ciudadanos de la colonia. A efectos prácticos, la medida suponía plantar una bomba de relojería en la sinosfera.
a pesar de todo, pekín aún necesita conservar las singularidades de hong kong
Al menos aquellas relativas a los terrenos económico y comercial. La ciudad se ha labrado una reputación sólida como nexo comercial entre China y el mundo. Su posición geográfica, su modelo liberal, su facilidad para los negocios (3º en el ranking mundial) y el sistema de protección legal heredado de la colonia han convertido a la ciudad en un centro financiero de primer nivel. Hong Kong es estable y transmite confianza. Prueba de ello es que, durante la reciente guerra comercial entre Washington y Pekín, la administración Trump se cuidó religiosamente de dejar al territorio fuera de la disputa, amparándolo en la famosa ‘Hong Kong Trade Protection Act’.
Esto no constituye en sí una rareza. En periodos en los que la China continental se encerraba en sí misma o sucumbía a crisis internas, más valor adquiría Hong Kong como puerta de acceso a su mercado y también, de manera puntual, como vía de salida del capital chino al exterior. De hecho, los bancos chinos disponen de más activos en Hong Kong que nadie. Según datos de la Autoridad Monetaria del territorio autónomo, compilados por Natixis a comienzos de 2020 (justo antes de la pandemia), el valor de los mismos ascendía a 1.1billones de dólares, lo cual representa una cifra cercana al 9% del PIB total de la República Popular.
y, ¿ahora qué?
Si bien las singularidades legales y económicas de Hong Kong pueden suponer un beneficio para Pekín, no sucede lo mismo con las leyes concernientes a la libertad de prensa y expresión. Tampoco con un sistema de sufragio directo. Durante décadas, la ciudad ha sido refugio y escaparate para la disidencia china, que ha aprovechado su estatus para emplearla como altavoz de sus quejas y demandas. Si a lo largo de estos años el PCC ha tolerado la situación, ha sido por necesidad. En 1997 el PIB chino apenas rozaba el billón de dólares (siendo inferior al español), y Hong Kong representaba el 22% del mismo. Si bien en estos últimos veinticinco años la ciudad ha continuado experimentando tasas positivas, el crecimiento exponencial de la RPC ha arrinconado al territorio, que a día de hoy apenas representa el 2,7%. Las autoridades en Pekín parecen haberse limitado a pisar el acelerador para acercar el fin de los cincuenta años de transición pactados.

Con la creciente atención del mundo centrada en el coloso asiático, China sabe que debe proceder con cautela ante la crisis suscitada. En un principio, sólo parecía haber dos salidas posibles: la supresión por la fuerza del movimiento democrático o la concesión. Ninguna de ellas era beneficiosa para Pekín. Sin embargo, a medida que la relevancia económica de Hong Kong mengua y Occidente naufraga en sus contradicciones, se ha abierto una tercera vía. Por medio de enmiendas y reformas puntuales de ley, Pekín puede aumentar su cuota de poder en los órganos hongkoneses, arrinconando a los elementos ajenos. De esta manera, el propio gobierno regional se ha convertido ya en una herramienta para facilitar la plena absorción.
La presión demográfica hará el resto. La gran cantidad de ciudadanos continentales adinerados y cualificados que se establecen en el territorio y adquieren su ciudadanía (pudiendo, por tanto, votar en los comicios), encumbra a los partidos pro-Pekín en las urnas y tiene un impacto inmenso tanto en el mercado inmobiliario como en la economía local. Ante esta situación, la supervivencia del actual sistema necesita un milagro, mientras que la agenda de Pekín tan sólo requiere de tiempo.