PRIMERA PARTE
Sierra Leona estaba llamada a ser la ‘Pequeña Suiza’ del continente negro. En el momento de su independencia (1961), se vanagloriaba de tener el mejor sistema educativo y el mejor aparato legal del continente africano. Asentada sobre la mayor veta de diamantes de África Occidental, y con unos generosos depósitos de oro y bauxita, su abundancia de recursos y la fertilidad de su suelo habían atraído a sus costas a aventureros europeos, esclavos liberados de las Américas y a comerciantes de Oriente. Casi todos ellos confluyeron un pequeño enclave costero, ubicado en la bahía de Tangrin, cuyo nombre evocaba fortuna y ansías de emancipación: Freetown.
Las colinas que rodeaban la ciudad estaban salpicadas de plantaciones de vainilla y cacao, y en los ríos y lagos los pescadores de las tribus Mende y Temne llenaban sus barcas con cestas de capturas a rebosar. Nada hacía presagiar que sus apenas tres millones de habitantes llegarían a conocer el hambre o la violencia. Y, sin embargo, treinta años después, el país se había hundido hasta figurar en la lista de las diez naciones menos desarrolladas del planeta según Naciones Unidas. Intervenido por el FMI, tenía una tasa de desempleo superior al 46% y, lo que era peor, se desangraba en una anárquica y cruenta guerra civil. ¿Cómo había sido aquello posible?
Hoy se cumplen veinte años del final de uno de los conflictos más desgarradores y prolongados de África. La guerra civil de Sierra Leona regó durante años los periódicos del mundo con artículos de horror y desesperación para la indiferencia general. Columnas sobre diamantes de sangre y fotografías de niños-soldado ataviados con disfraces estrafalarios que recorrían la campiña segando miembros a machete. Buena parte de la responsabilidad la tenían los dos principales bloques nacionales, el Partido del Pueblo de Sierra Leona (PPSL) y el All-People’s Congress (APC), o Congreso de Todos los Pueblos. Irónicamente, los mismos que rigen el actual panorama de la nación y que, salvo sorpresa, se volverán a medir en los comicios del año que viene. La otra la tienen tres males crónicos en África: la disparidad de riqueza, una constitución insuficiente para abordar las complejidades del país y el tribalismo.
Con la llegada de la independencia, la nueva carta magna negaba la ciudadanía a las comunidades árabes e indias que, en muchos casos, llevaban generaciones presentes en el país. La más numerosa y mejor establecida con diferencia era la libanesa, cuyos empresarios mantenían intereses en los sectores minero y financiero, controlando además numerosas empresas privadas de renombre. Era inevitable que la pujanza económica de los orientales y el deseo de nativos y criollos por consolidar su poder se encontrasen.
Así, los principales lobistas árabes cerraron filas en torno al PPSL, al cual regaron con millones de libras en forma de donaciones para sus campañas o para amueblar sus instituciones. Para finales de década, Sierra Leona era un país en venta. Su aparato judicial estaba secuestrado y las injerencias externas, unidas a las tensiones étnicas, habían propiciado el nepotismo y la corrupción más irredentes. Sin ir más lejos, los dos primeros jefes de gobierno, Milton y Albert Margai, eran hermanos
En las elecciones de 1967 el descontento popular se hizo palpable, aupando al poder al principal partido opositor, el APC, por entonces en manos de un criollo llamado Siaka Stevens. Con la promesa de devolver a los negros el control de su país, la nueva administración llegó a un acuerdo con un consorcio minero belga, el DeBeers Group, junto al cual creó las dos mayores empresas ‘estatales’ del país: DIMINCO y SIERAMCO.
La primera tendría como tarea exclusiva supervisar la extracción, procesado y exportación de las grandes joyas de la corona, los diamantes. SIERAMCO haría lo propio con el resto de minerales. Para finales de su primer mandato, toda la minería y el comercio internacional de materias básicas estaban en manos del estado, encumbrando al APC en las encuestas de popularidad y arruinando al resto de partidos. Éstos, habiendo perdido sus ingresos, decidieron boicotear las elecciones de 1973, en las que el APC ganó 84 de los 85 escaños del parlamento nacional. Stevens quedó encumbrado como líder plenipotenciario. Fue entonces cuando arrancó el verdadero expolio de Sierra Leona, curiosamente, a manos de quien se había presentado como su inmaculado salvador.
Y es que, en efecto, la imagen de transparencia y dignidad del APC era pura fachada. Aún hoy, los sierraleoneses se refieren al reinado de ‘Papi Siaki’ (como a Stevens le gustaba que le llamasen) como ‘las décadas de la plaga de langostas’. Su dominio y erosión de todas las instituciones nacionales le permitieron convertir al estado en su negocio personal, dirigiendo los ingresos de las exportaciones a su cuenta bancaria y a las de sus allegados. Construyó un barrio residencial en el límite occidental de Freetown regado de mansiones para sus acólitos, dejó el control de las empresas estatales en manos de sus parientes y, denunciando continuos complots para derrocarle, licenció a la mayoría de miembros del ejército, remplazándolos por jóvenes adeptos a los que diseminó por las provincias rurales.
Las ciudades quedaron en manos de su temible policía militar, construyendo así dos mastodónticas fuerzas armadas paralelas cuyos gastos, unidos a su egolatría desmedida, terminaron por quebrar el país. Cuando las primeras manifestaciones en contra de su gobierno comenzaron a tomar las calles, a finales de los setenta, ya era tarde. La mayoría de comerciantes extranjeros habían abandonado Sierra Leona o pasado a nómina del APC, que volvió a resultar vencedor en los comicios de 1977. Refutando airado las acusaciones de amaño, Stevens disolvió el parlamento y promulgó una nueva constitución mediante la cual ilegalizaba la existencia de los demás partidos. Para comienzos de los ochenta el sistema educativo había colapsado. La mayoría de escuelas y universidades públicas cerraron sus puertas, empujando a la juventud a la mendicidad y a la delincuencia.
Las cosas iban a ponerse peor. En 1984, estimando que Sierra Leona se encontraba al borde de la rebelión, el DeBeers Group decidió vender sus participaciones en DIMINCO y SIERAMCO, las cuales fueron compradas a precios de saldo por un consorcio israelí y por particulares libaneses. El gobierno de Freetown había perdido el control del comercio. Ante tan sombrío panorama, y habiendo cumplido ya ochenta años de edad, Stevens dimitió en 1985, designando como sucesor al Gral. Joseph Saido Momoh, su leal escudero desde 1967.
Inepto y codicioso a partes iguales, Momoh se vio obligado a aceptar la intervención del FMI, limitándose a reprimir las crecientes manifestaciones y la delincuencia a tiro limpio. Las masacres cometidas por sus tropas en las provincias orientales alumbraron al Frente Revolucionario Unido, mejor conocido por sus siglas en inglés, RUF, y dieron comienzo a la guerra civil en 1991. Para el líder rebelde, Foday Sankoh, un antiguo cabo acusado de traición y encarcelado por Stevens, no fue difícil encontrar combatientes. Había muchos bancales donde pescar: campesinos brutalizados por el ejército, granjeros expulsados de sus tierras por la apertura de nuevas minas y una toda una legión de niños y adolescentes sin futuro que pronto conformaron la espina dorsal de su milicia.
Para quienes crecieron sin nada y la esperanza de sobrevivir era casi nula, el empoderamiento y enriquecimiento personales mediante la violencia desmedida se convirtieron en práctica habitual. A finales de 1992, el ciudadano medio no sabía a quién temer más. Tanto los rebeldes como las tropas gubernamentales les robaban, torturaban y asesinaban por igual. Peor aún, ante la creciente incapacidad de Freetown para pagar las nóminas de sus soldados, muchos de estos cambiaban de bando como quien lo hace de zapatos, a menudo dedicándose a desvalijar a los conductores en controles de carretera improvisados. Ante tal situación de desamparo, los civiles pronto crearon sus propias fuerzas de autodefensa, pero incluso estas a menudo financiaban su compra de armas con el secuestro de cooperantes y médicos extranjeros. Las minas se convirtieron en el objetivo central de las operaciones militares, tanto que los éxitos sobre el campo de batalla no se medían en magnitud territorial o en apoyo popular, sino en quién controlaba cada yacimiento. Los beneficios de éstos iban directamente a los bolsillos de los oficiales, dándose a la tropa vía libre para saqueo y el pillaje. Con la carnicería como negocio, pocos encontraron motivos para negociar un fin a las hostilidades.
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