mayo 2021
Eran muchos los que la semana pasada tenían sus esperanzas puestas a escasos metros de ellos. Al otro lado de la frontera que divide España y Marruecos. Un pequeño trecho que marca enormes diferencias entre un país y otro. Una distancia que verdaderamente puede llegar a determinar una condición de vida aceptable de otra radicalmente opuesta.
La realidad de África y Europa —la primera ansiosa de abrir una nueva puerta hacia un futuro más prometedor, y la última, nerviosa por mantener bloqueada esa entrada— se encontraron cara a cara en la ciudad de Ceuta. Provocando una de las mayores emergencias en materia de migración en las últimas décadas de la historia de España.
Familias, jóvenes, adultos y niños se aventuraron a cruzar a nado en dirección a la costa ceutí. Acto que sucedió ante la mirada impasible de los mismos que los habían animado a lanzarse al peligro. Aquellos que habían abierto la puerta y los habían empujado a pelear contra las olas para llegar a Europa en busca de oportunidades para mejorar su situación.
Aquellos que únicamente ven a los migrantes como herramienta de presión política. Y no como un desafío global que debe ser abordado desde la cooperación, el entendimiento y la buena fe. Los mismos que hace unos días arrojaron a un grupo numeroso de desesperados al mar, son los que llevan provocando una crisis humanitaria en el Sahara Occidental de la que poco se ha hablado. Son las autoridades de Marruecos las que parecen anteponer sus intereses políticos y económicos sobre esta región. Incluso, sobre su propia población.
En estos días, se ha hecho un repaso bastante exhaustivo del contexto que ha generado que Marruecos utilizara migrantes como arma política para presionar a España. El motivo del movimiento marroquí está en que el gobierno español aceptó en un hospital al líder del Frente Polisario (movimiento que busca la independencia del Sahara Occidental), Brahim Ghali. Quien estuvo ingresado en Logroño como consecuencia de una enfermedad que padece. Hay que recalcar que Ghali es el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.
Obviamente, los cerca de 10.000 migrantes que llegaron a las costas españolas han sido parte de las víctimas que ha causado la acción exterior marroquí. Acción vinculada a su implacable objetivo por que esta zona sea reconocida como parte del territorio de Marruecos. Pero existe otra parte de la población que también está encarando una difícil situación como consecuencia de las políticas que Rabat lleva efectuando desde hace años. Decisiones tomadas para que el mundo vea con buenos ojos la anexión del Sahara Occidental desde la llamada Marcha Verde en 1975.
La sociedad saharaui lleva más de 4 décadas en situación de desplazamiento en los ya famosos campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Lo que ha hecho que se conozca a este movimiento de personas como la diáspora saharaui. Una de las crisis de refugiados más larga de la Historia. Actualmente, hay 173.600 ciudadanos del Sahara Occidental viviendo en un entorno climático sumamente hostil. Donde las temperaturas son extremas. Además, de las esporádicas lluvias torrenciales junto con los vientos huracanados que desatan su furia contra el asentamiento.
Además, hay un débil comercio en la zona junto con una falta y poca calidad del alimento que proporciona el suelo argelino. “Un 7,6 % de la población padece desnutrición aguda y un 28 % tiene retraso en el crecimiento. El 50 % de los niños sufren anemia. En las mujeres en edad reproductiva este dato asciende al 52 %”. Aunado a esto, la escasa cobertura sanitaria dibujan un panorama fuertemente dependiente de la ayuda exterior que suele llegar con cuentagotas.
La pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que empeorar unas dinámicas de por sí ya empobrecidas. Donde más se han apreciado el ensanchamiento de las grietas ha sido, precisamente, en el Sahara Occidental. Lugar donde el gobierno marroquí no ha dejado escapar la oportunidad de asfixiar a un mayor nivel la disidencia que existe en la región. Excusándose en garantizar seguridad sanitaria, las autoridades aprobaron una legislación mucho más restrictiva en 2020 enfocada en silenciar a los opositores y críticos del régimen marroquí. Tanto en Marruecos como en el Sahara Occidental, se “enjuiciaron a varios periodistas y activistas por materiales publicados en Internet.”
También, la investigación y denuncias en torno a cuestiones relacionadas con los derechos humanos se ha vuelto mucho más complicada. Esto, debido a la trabas que impone Marruecos para opacar, aun si cabe, la gestión que el gobierno hace en este territorio. Aunque en los campamentos de Tinduf, las tareas de observación tampoco son sencillas.
últimos acontecimientos
Pocos meses atrás, a finales de 2020, Marruecos desmanteló un campamento saharaui. La población del lugar, que se manifestaba pacíficamente, desencadenó la ruptura del alto el fuego que estaba en vigor desde 1991. Desde entonces, organizaciones como Amnistía Internacional han demandado a Naciones Unidas, encargada de mantener la paz en puntos calientes del Sahara Occidental, la urgente presencia sobre el terreno de instituciones independientes, imparciales y efectivas. El objetivo es que se encarguen de velar por el respeto de los derechos humanos.
Como se puede ver, no solo la sociedad marroquí está inmersa en un régimen autoritario y controlador. También la situación que atraviesa la población saharaui es realmente complicada. Los retos que hay sobre la mesa en cuestión de derechos humanos, crisis alimentaria y sanitaria, falta de libertad de expresión e incluso la flagrante discriminación a la que las mujeres tienen que hacer frente; son solo algunos de los asuntos que apremian una rápida actuación por parte de las autoridades competentes. Mismas que llevan más de 30 años sin llevar a cabo una intervención con impactos visibles.
Mohamed VI, como se ha podido observar desde hace bastantes años, no cesará en sus aspiraciones por ejercer un control efectivo dentro y fuera de sus fronteras. Este último movimiento inhumano de lanzar en masa a miles de migrantes para castigar a España por sus acciones, no es más que otra de las tantas medidas que el gobierno marroquí lleva adoptando para doblegar a la comunidad internacional y forzarla a ceder en favor de sus intereses. La última gran potencia que reconoció el dominio de Marruecos sobre el Sahara Occidental fue Estados Unidos, de la mano de la administración Trump, a costa de que el gobierno de Marruecos restableciera las relaciones diplomáticas con Israel.
Marruecos está dispuesto a utilizar cualquier carta con tal de que sea reconocido de manera internacional su dominio sobre el terreno y la población saharaui. Poco le importa los años de sufrimiento y penurias que ha ocasionado en la sociedad del Sahara Occidental. Si hay algo que se puede afirmar, es que el Reino de Marruecos no dejará respirar a nadie hasta que este territorio del Sahara forme parte de su propiedad y estará dispuesto a pagar el precio que sea necesario con tal de conseguir su objetivo.
